La iniciativa busca fortalecer las herramientas legales frente a las nuevas modalidades de conflictos armados y preservar el monopolio estatal del uso legítimo de la fuerza.

El proyecto define como mercenario a quien preste servicios de naturaleza militar a cambio de una remuneración, fuera de los supuestos autorizados por el Derecho Internacional o por la legislación argentina. Además de penalizar esa conducta, la propuesta contempla sanciones para quienes organicen, financien, integren o promuevan este tipo de estructuras.

Agravantes y excepciones

La iniciativa establece penas más severas cuando estas organizaciones afecten la defensa nacional, utilicen menores de edad o faciliten la comisión de crímenes de guerra, genocidio, delitos de lesa humanidad o actos de terrorismo.

Al mismo tiempo, el texto excluye expresamente de su alcance a las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad y policiales en funciones oficiales, las misiones autorizadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las empresas de seguridad privada que actúan dentro del marco legal y el personal humanitario y sanitario.

Adaptación a los conflictos actuales

Según los fundamentos del proyecto, la reforma incorpora una perspectiva acorde con los conflictos híbridos contemporáneos, caracterizados por redes transnacionales de reclutamiento, financiamiento y operación de grupos armados privados.

Gutiérrez sostuvo que la legislación vigente no cuenta con herramientas específicas para enfrentar este fenómeno y afirmó que la propuesta busca cubrir ese vacío legal.

"Detrás del negocio de la guerra privada están las mafias que reclutan jóvenes a cambio de dinero. Muchos son extorsionados y mueren sin poder volver en un frente de batalla olvidado", expresó el legislador.

El proyecto también toma como referencia advertencias realizadas por organismos internacionales, entre ellos el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre mercenarios y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que alertaron sobre la expansión de estas organizaciones y la necesidad de que los Estados adopten marcos regulatorios más eficaces.