La disputa entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, por el manejo económico de la carrera de la cantante abrió un escenario que podría trascender el ámbito familiar y comercial.

La artista realizó una auditoría privada sobre la estructura que administró durante años los ingresos vinculados con su música, su imagen y sus contratos comerciales. A partir de los resultados, sus abogados buscan avanzar en una reorganización del patrimonio y recuperar el control sobre los recursos generados por su carrera.

En este contexto, el abogado penalista Leonardo Sigal analizó cuáles podrían ser las consecuencias judiciales si una eventual investigación oficial confirmara que existieron maniobras que perjudicaron económicamente a la cantante.

Qué delitos podrían investigarse

Sigal explicó que la existencia de sociedades vinculadas con la administración de una carrera artística no constituye por sí misma un delito. Este tipo de estructuras puede utilizarse para organizar contratos y administrar los ingresos derivados de distintas actividades.

El posible problema penal aparecería si una investigación determina que esas sociedades fueron utilizadas para producir un perjuicio económico a Tini.

En ese escenario, el especialista mencionó los delitos contemplados en los artículos 172 y 173 del Código Penal, relacionados con distintas formas de defraudación y administración fraudulenta.

Según explicó, si una pericia oficial determinara que hubo un detrimento patrimonial provocado por la administración de los bienes de la artista, podrían analizarse esas figuras penales.

Qué debería determinar una investigación

La auditoría privada realizada por la artista no sería suficiente por sí sola para establecer la existencia de un delito. Ante una eventual denuncia, la Justicia debería realizar sus propias pericias y analizar la documentación de las sociedades involucradas.

También deberían revisarse los movimientos económicos, los contratos, el destino de los fondos y la forma en que fueron administrados los ingresos generados por la carrera de Tini.

Además, Sigal señaló que podría abrirse otra línea de investigación relacionada con la situación impositiva de las sociedades, en caso de que se detectaran irregularidades que pudieran afectar al Estado.

Qué penas podrían corresponder

El abogado explicó que los delitos de defraudación y administración fraudulenta contemplan penas de entre uno y seis años de prisión, de acuerdo con las figuras que podrían analizarse.

La situación podría agravarse si la investigación detectara varias maniobras independientes. En ese caso, según explicó Sigal, podría aplicarse un concurso real de delitos, lo que podría elevar la pena y generar consecuencias más graves para el eventual acusado.

De todos modos, la existencia de una auditoría o de una disputa patrimonial no implica por sí misma que se haya cometido un delito. Para que exista una imputación penal deberán acreditarse las maniobras, el perjuicio económico y la responsabilidad de quienes participaron en ellas.

La disputa por el control de la carrera de Tini

El conflicto se originó a partir del reclamo de Tini para reorganizar el patrimonio construido durante sus años de carrera y asumir un mayor control sobre los recursos generados por su actividad artística.

Su padre tuvo un rol central en la administración de su carrera desde sus comienzos, cuando la cantante todavía era menor de edad. Sigal explicó que, durante esa etapa, los padres pueden intervenir en determinados actos relacionados con el patrimonio de sus hijos.

Sin embargo, esa representación cambia cuando el hijo alcanza la mayoría de edad. En el caso de Tini, cumplió 18 años en 2015.

Ahora, el eje del conflicto pasa por determinar cómo se administraron los ingresos y las estructuras societarias vinculadas con su carrera durante los años posteriores y si existió algún perjuicio patrimonial.

Por el momento, se trata de un conflicto en proceso de análisis y no existe una condena ni una imputación penal contra Alejandro Stoessel por estos hechos.