La acumulación de cuotas, préstamos, saldos de tarjetas y refinanciaciones se convirtió en un problema para muchas familias que ya no encuentran una forma viable de cumplir con sus obligaciones sin afectar sus gastos esenciales.

Frente a este escenario, la Cámara de Diputados analiza distintos proyectos que buscan establecer un régimen para prevenir y atender el sobreendeudamiento de las personas. Entre las propuestas aparece el concepto de “segunda oportunidad”, destinado a quienes contrajeron deudas de buena fe y luego perdieron la capacidad de pago.

La idea no consiste en eliminar automáticamente las obligaciones, sino en crear un mecanismo que permita ordenar las deudas, revisar determinadas condiciones y establecer un esquema de pago acorde con los ingresos del deudor.

¿Quién podría acceder?

Uno de los proyectos considera que existe sobreendeudamiento cuando una persona ya no puede cumplir con sus obligaciones sin comprometer las necesidades básicas propias o de su grupo familiar.

Entre los indicadores contemplados aparecen situaciones en las que las cuotas superan el 40% de los ingresos netos, existen tres o más obligaciones vencidas de manera simultánea o se produjeron refinanciaciones reiteradas.

La propuesta está enfocada en los llamados deudores de buena fe, es decir, personas que accedieron legítimamente a créditos pero luego atravesaron una situación económica que les impidió continuar con los pagos.

Algunas iniciativas excluyen a quienes hayan obtenido financiamiento mediante información falsa, ocultado bienes o cometido determinados delitos económicos.

El diputado Pablo Juliano, uno de los impulsores del debate, aclaró que el objetivo no es trasladar las deudas privadas al Estado y sostuvo que su proyecto “no tiene costo fiscal”.

Tarjetas, préstamos y fintech bajo análisis

Las propuestas también plantean revisar las condiciones en las que fueron otorgados los créditos.

El análisis podría incluir los intereses aplicados, la capacidad de pago que tenía el consumidor al momento de solicitar el financiamiento y las condiciones que provocaron un crecimiento desproporcionado de la deuda.

Uno de los proyectos busca limitar la capitalización de intereses cuando resulte abusiva o desproporcionada, especialmente en los casos donde una refinanciación incorpora nuevos intereses al capital adeudado.

Otra iniciativa establece la posibilidad de solicitar una reestructuración de las deudas de consumo cuando el pago de las obligaciones implique dejar de cubrir necesidades esenciales.

En ese caso, se propone que la nueva cuota no supere el 40% de los ingresos netos, además de eliminar determinados punitorios y cargos derivados de la mora. El procedimiento también sería gratuito y confidencial.

El alcance no se limitaría a los bancos. Las iniciativas contemplan a fintech, billeteras virtuales, plataformas de compras financiadas, mutuales, cooperativas, emisoras de tarjetas y otros proveedores no bancarios de crédito.

También se busca limitar el hostigamiento

Otro de los aspectos incluidos en el debate está relacionado con las prácticas de cobranza.

Los proyectos plantean establecer límites frente al hostigamiento de personas endeudadas y sus familiares mediante llamados telefónicos, mensajes y contactos digitales, especialmente en operaciones realizadas a través de plataformas financieras.

Además, algunas propuestas incorporan el concepto de crédito responsable, con la posibilidad de analizar si una entidad otorgó financiamiento aun cuando la capacidad económica del solicitante hacía prever dificultades para afrontar la devolución.

Por qué creció el debate sobre el sobreendeudamiento

El aumento de la morosidad de los hogares aparece como uno de los factores detrás de estas iniciativas.

Según los datos mencionados del Banco Central, la irregularidad de los préstamos destinados a las familias pasó del 5,2% en junio de 2025 al 10,6% en enero de 2026, prácticamente el doble en poco más de medio año.

En diciembre de 2025, el indicador ya había alcanzado el 9,3%, con especial impacto sobre los préstamos personales.

El Banco Central también incorporó medidas preventivas y estableció desde marzo un límite del 30% en la relación cuota-ingreso para determinados créditos cobrados mediante transferencias, con el objetivo de reducir el riesgo de sobreendeudamiento.

El problema se vuelve más complejo cuando una misma persona acumula deudas con distintos acreedores: una tarjeta bancaria, un préstamo personal, cuotas de una fintech o financiamiento mediante una billetera virtual. Cada entidad observa su propia obligación, pero todas las cuotas deben pagarse con el mismo ingreso.

Todavía no es ley

Por el momento, la denominada “segunda oportunidad” no está vigente en Argentina.

Los proyectos permanecen en las comisiones de Diputados y todavía deben atravesar el proceso legislativo correspondiente: obtener dictamen, ser aprobados por ambas cámaras y recibir la promulgación.

Si las iniciativas avanzan, el objetivo será que las personas que quedaron atrapadas en un ciclo de préstamos y refinanciaciones puedan acceder a un mecanismo legal para ordenar sus obligaciones, establecer pagos razonables y recuperar progresivamente su acceso al sistema financiero.