La causa que investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito atraviesa una etapa clave. El exjefe de Gabinete deberá presentar ante la Justicia documentación y explicaciones sobre la evolución de su patrimonio durante el período en el que integró el Gobierno de Javier Milei.

El requerimiento fue elaborado por el fiscal federal Gerardo Pollicita, a partir de un informe técnico de 207 páginas realizado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).

El análisis cruzó las declaraciones juradas de Adorni con información bancaria, registros de propiedades, plataformas de criptomonedas y movimientos migratorios. A partir de esa revisión, los investigadores detectaron diferencias que ahora deberán ser justificadas por el exfuncionario.

Un desbalance superior a $43 millones

De acuerdo con el informe, desde diciembre de 2023 el grupo familiar de Adorni habría registrado ingresos por $229.752.283,20, mientras que los gastos analizados durante el mismo período llegaron a $272.820.832,20.

La diferencia arroja un saldo negativo de $43.068.549, monto que quedó bajo análisis de la fiscalía.

Entre los ingresos considerados aparecen los salarios percibidos por Adorni durante su paso por la administración pública y los correspondientes a su esposa, Bettina Angeletti.

En cuanto a los gastos, el relevamiento incluyó consumos con tarjetas de crédito, expensas, servicios, impuestos, seguros de vehículos, viajes y compras de electrodomésticos, entre otros movimientos.

También deberá explicar gastos por más de US$400.000

La investigación también puso el foco sobre operaciones realizadas en dólares.

El informe detectó erogaciones por US$402.578,12, vinculadas, según el planteo fiscal, con compras y remodelaciones de propiedades, adquisición de muebles, alquileres temporarios y viajes al exterior.

Otro de los puntos que deberá aclarar Adorni está relacionado con el origen de dólares en efectivo que fueron incorporados posteriormente a sus declaraciones juradas bajo el concepto de “venta de activos”.

El requerimiento tiene 20 puntos

Pollicita formuló un requerimiento de 20 puntos sobre la evolución patrimonial de Adorni desde su ingreso al Gobierno, en diciembre de 2023, hasta su salida del cargo, en junio de 2026.

El exfuncionario había obtenido a fines de agosto una prórroga de 15 días, otorgada por el juez federal Ariel Lijo, para responder a las observaciones realizadas por la fiscalía. Ese plazo llega ahora a su vencimiento.

La documentación que presente la defensa será analizada por los investigadores antes de determinar los próximos pasos del expediente.

Si las explicaciones no resultan suficientes, la causa podría avanzar hacia nuevas medidas procesales, entre ellas una eventual citación a declaración indagatoria.

Por el momento, el eje de la investigación está puesto en determinar cómo se financiaron los gastos y movimientos patrimoniales que, según el análisis técnico, no tendrían una correspondencia suficiente con los ingresos declarados por el grupo familiar.