La adolescente fue apartada preventivamente de la presencialidad mientras intervienen las autoridades.

Una situación de extrema preocupación generó alarma en la comunidad educativa del Colegio Secundario N° 25 de Río Gallegos, luego de que padres de alumnos radicaran denuncias policiales por una presunta planificación de un ataque armado dentro de la institución.

La situación tomó conocimiento público después de que una persona que mantenía contacto virtual con una estudiante de 13 años difundiera conversaciones que, según las denuncias realizadas ante la Comisaría Segunda, contenían referencias a un posible ataque contra integrantes de la comunidad educativa.

De acuerdo con las presentaciones efectuadas por los padres, en los mensajes aparecería una supuesta lista de estudiantes y docentes que podrían haber sido considerados como objetivos. También se habría mencionado la intención de acceder a un arma reglamentaria perteneciente a un integrante de una fuerza de seguridad.

La información generó preocupación entre las familias y motivó una intervención policial y educativa para evaluar la situación y adoptar medidas preventivas.

Las conversaciones que activaron la alarma

Según lo expuesto en las denuncias, las capturas de pantalla fueron entregadas a la Policía como parte de la evidencia que permitió advertir sobre la situación.

La persona que habría recibido los mensajes decidió alertar a algunos de los estudiantes mencionados y poner en conocimiento de las familias el contenido de las conversaciones.

A partir de esa situación, padres de alumnos del establecimiento se presentaron en la Comisaría Segunda de Río Gallegos para radicar las denuncias correspondientes y solicitar medidas de resguardo para los estudiantes y el personal docente.

La alumna fue apartada de la presencialidad

En el ámbito educativo, las autoridades resolvieron separar preventivamente a la adolescente de la asistencia presencial al establecimiento, mientras se analiza la situación y se activan los procedimientos institucionales correspondientes.

La medida busca preservar la seguridad de la comunidad educativa mientras avanza la investigación y se determina el alcance de las denuncias.

Por tratarse de una menor de edad, su identidad no será difundida.

La investigación deberá determinar el alcance de las amenazas

Las denuncias presentadas ante la Policía dieron inicio a actuaciones destinadas a establecer la autenticidad y el contexto de las conversaciones, además de determinar si existió una planificación concreta y si hubo acceso o posibilidad de acceso a un arma de fuego.

La situación también plantea la necesidad de abordar el caso desde una perspectiva integral, con intervención de las áreas educativas y profesionales correspondientes, especialmente por tratarse de una adolescente.

Mientras continúa la investigación, las familias reclaman garantías para el normal funcionamiento de la institución y el resguardo de alumnos, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa.

Por el momento, se trata de una denuncia y no de un hecho acreditado judicialmente. Serán las autoridades competentes las encargadas de determinar la veracidad, el alcance y las eventuales responsabilidades derivadas de la situación.