Un proyecto que pone el foco en los recursos mineros

Un proyecto presentado en la Cámara de Diputados de Santa Cruz propone declarar la Emergencia Alimentaria y Nutricional en todo el territorio provincial hasta el 31 de diciembre de 2027, con la posibilidad de extenderla por un año más.

La iniciativa, identificada como proyecto de ley 293/26, fue presentada el 27 de mayo por la diputada Agostina Mora Doldán, integrante del bloque Unión por la Patria.

Uno de los puntos centrales de la propuesta establece que el 20% de los recursos que Santa Cruz perciba en concepto de regalías mineras tenga una afectación específica para políticas alimentarias.

El dinero sería destinado prioritariamente al sostenimiento de comedores y merenderos comunitarios, módulos alimentarios, asistencia nutricional y otros programas vinculados con la emergencia.

El proyecto se encuentra en trámite legislativo y no constituye una ley vigente.

Qué significa destinar el 20% de las regalías

La iniciativa establece una afectación sobre los recursos que efectivamente recibe la Provincia por regalías mineras.

Esto significa que no propone aumentar al 20% las regalías que pagan las empresas mineras. El planteo apunta a que una quinta parte de los fondos que Santa Cruz ya percibe por ese concepto tenga un destino específico.

Por ejemplo, por cada $100 que ingresen a la Provincia en concepto de regalías mineras, $20 deberían utilizarse para las políticas contempladas por la emergencia alimentaria.

La propuesta también se diferencia del proyecto que había planteado elevar al 5% las regalías para determinados nuevos emprendimientos mineros, iniciativa que posteriormente fue vetada en su totalidad por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 0450/26.

Quiénes serían los principales beneficiarios

El proyecto contempla una población prioritaria amplia.

Entre los sectores alcanzados aparecen niños, niñas, adolescentes y jóvenes; mujeres embarazadas y personas en período de lactancia; adultos mayores; personas con discapacidad; hogares en situación de pobreza o indigencia; familias con integrantes desocupados y poblaciones rurales o aisladas.

También se incluye a quienes ya reciben programas de asistencia provincial y a hogares cuyos ingresos se encuentren por debajo de dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

La propuesta busca que la asistencia llegue tanto a las familias en situación de vulnerabilidad como a distintos espacios comunitarios que brindan alimentación.

Actualización trimestral de la Tarjeta Social

Otro de los ejes del proyecto está relacionado con las prestaciones sociales.

La iniciativa plantea que la Tarjeta Social Santacruceña sea actualizada de manera trimestral, tomando como referencia la evolución de la inflación y de la Canasta Básica Alimentaria difundida por el INDEC.

El mismo criterio se aplicaría a los programas Comedores y Copa de Leche y Refuerzo Alimentario Escolar.

El objetivo es evitar que los montos destinados a estas prestaciones pierdan capacidad de compra frente al aumento de los precios.

También proponen modificar los módulos alimentarios

La propuesta incorpora además criterios vinculados con la calidad nutricional de los alimentos entregados a las familias.

El proyecto plantea fortalecer el Programa Alimentario Santacruceño e incorporar en los módulos productos como lácteos, cereales, proteínas, frutas, verduras y legumbres.

También contempla módulos especiales con frecuencia quincenal para personas con celiaquía, diabetes u otras condiciones que requieran una alimentación específica.

Según los fundamentos de la iniciativa, la autora considera necesario mejorar la variedad nutricional de los módulos actuales y reducir la dependencia de productos secos y carbohidratos.

Un mecanismo de seguimiento y control

El proyecto propone crear una Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Emergencia Alimentaria y Nutricional.

El organismo estaría integrado por representantes de los distintos bloques de la Cámara de Diputados, junto con representantes de los ministerios de Desarrollo Social y Salud y del Consejo Provincial de Educación.

Entre sus funciones estaría la elaboración de informes semestrales para la Legislatura sobre las medidas implementadas y los programas financiados.

El Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración sería la autoridad de aplicación y debería coordinar las acciones con las áreas de Salud y Educación, además de municipios y comisiones de fomento.

La iniciativa también contempla controles nutricionales y seguimiento de indicadores vinculados con el crecimiento, la anemia y la situación alimentaria de la población alcanzada.

El proyecto todavía debe avanzar en la Legislatura

En caso de que la iniciativa sea aprobada y promulgada, el Poder Ejecutivo tendría 90 días corridos para reglamentarla.

Por el momento, la propuesta continúa su recorrido legislativo y deberá atravesar el debate en la Cámara de Diputados.

El proyecto abre así una discusión sobre el destino de los recursos provenientes de la actividad minera y plantea que el 20% de las regalías que recibe la Provincia quede afectado específicamente a políticas alimentarias.

Su aprobación dependerá del tratamiento legislativo y de los acuerdos que la iniciativa consiga dentro de la Cámara.