El anuncio fue realizado por el ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, luego de una capacitación destinada a policías provinciales y federales, que contó con la participación de especialistas de la Policía Nacional de Colombia y representantes de Estados Unidos.

La propuesta apunta a incorporar una mirada financiera a las investigaciones: no solo determinar quién pudo cometer un delito, sino también reconstruir cómo se obtuvieron determinados bienes y qué movimientos económicos pudieron estar detrás.

Entre los ejemplos mencionados aparecen viviendas de alto valor, vehículos y otros bienes cuya adquisición no tendría, a simple vista, una actividad económica conocida que permita explicar su origen.

Sin embargo, la nueva dependencia todavía no se encuentra operativa. Prodromos señaló que la Provincia atraviesa actualmente una etapa de formación y que, una vez finalizada la capacitación, se avanzará con la creación del área de Delito Económico.

Por el momento no fueron informados públicamente la fecha de puesta en funcionamiento, el presupuesto, la cantidad de efectivos que la integrarían ni las funciones específicas que tendrá.

Qué podría investigar la nueva área

Una unidad especializada podría colaborar en el análisis de información vinculada con inmuebles, vehículos, empresas, operaciones económicas y personas relacionadas con una investigación.

El trabajo permitiría reconstruir, por ejemplo, quién adquirió determinado bien, cuándo se concretó la operación y a nombre de quién quedó registrado. Esa información podría luego ser incorporada a una investigación judicial.

La existencia de una dependencia policial especializada, sin embargo, no modifica las facultades que establece la legislación. La Policía puede investigar delitos de acción pública, recibir denuncias y preservar pruebas, pero debe comunicar los hechos a fiscales y jueces y actuar como auxiliar de la Justicia cuando corresponda.

Tampoco significa que los investigadores puedan acceder libremente a cuentas bancarias, ingresar a domicilios o secuestrar bienes solamente por la existencia de una sospecha.

Las medidas que afectan derechos y bienes están sujetas a los requisitos establecidos por la legislación y, en los casos correspondientes, a una orden judicial fundada.

¿Puede investigar el patrimonio de funcionarios?

La posibilidad también surgió a partir del planteo oficial sobre delitos económicos y corrupción.

En caso de una investigación concreta, una unidad especializada podría colaborar en el análisis patrimonial de un funcionario si existieran elementos que justificaran esa línea investigativa.

Pero esto no significa que la Provincia haya anunciado un control general sobre los patrimonios de sus funcionarios. Hasta el momento no se difundieron protocolos, criterios de selección ni investigaciones específicas en ese sentido.

Además, el delito de enriquecimiento ilícito tiene características particulares y está previsto para funcionarios y empleados públicos bajo las condiciones establecidas por el Código Penal.

Tener una vivienda costosa, varios vehículos o un patrimonio elevado no constituye por sí mismo un delito. La existencia de una diferencia entre ingresos conocidos y bienes puede convertirse en un elemento de una investigación, pero requiere otros elementos para determinar si existe una conducta ilícita.

El límite frente al lavado de activos

Uno de los principales puntos a definir será la relación de la futura dependencia con la Justicia federal.

Cuando una investigación encuentra indicios de maniobras destinadas a otorgar apariencia legal a bienes provenientes de actividades delictivas, puede configurarse un caso de lavado de activos, cuya competencia corresponde al ámbito federal.

En esas situaciones, una dependencia provincial podría detectar indicios y colaborar con las autoridades correspondientes, pero no reemplazar las funciones de una fiscalía o un juzgado federal.

También existe una diferencia con la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo nacional encargado de recibir y analizar reportes de operaciones sospechosas en el marco de la legislación vigente.

La futura área policial santacruceña no tendría, por su sola creación, las mismas atribuciones que la UIF ni acceso irrestricto a la información que administra ese organismo.

Una estructura que todavía debe definirse

La Policía de Santa Cruz ya cuenta con áreas vinculadas con la investigación judicial y delitos organizados. La creación de una nueva dependencia requerirá definir cómo quedará incorporada a la estructura policial y cuáles serán sus competencias concretas.

Entre las cuestiones pendientes aparecen su dependencia jerárquica, la cantidad de especialistas, los delitos que investigará y los mecanismos de coordinación con fiscales, jueces, organismos nacionales y la Justicia federal.

Por ahora, el proceso se encuentra en la etapa de capacitación. La creación del área fue anunciada por el Gobierno provincial, pero su puesta en funcionamiento efectiva y sus atribuciones todavía deben formalizarse.