Una denuncia judicial puso bajo análisis las declaraciones del presidente Javier Milei, quien afirmó que durante 2025 y 2026 fueron expulsados del país unos 30.000 extranjeros a los que calificó como “terroristas”.

La presentación fue realizada por la abogada Valeria Carreras, quien pidió investigar a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y a su antecesora, Patricia Bullrich, por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de denuncia, además de otras figuras que pudieran surgir durante la investigación.

El planteo se originó en una entrevista que Milei brindó el 27 de septiembre, en la que sostuvo que el Gobierno había expulsado “10 mil terroristas” durante el año pasado y otros “20 mil” durante 2026.

La afirmación generó pedidos de precisiones. Un relevamiento publicado por La Nación señaló que el Presidente habría utilizado la expresión “terroristas” para referirse de manera general a personas expulsadas, rechazadas o inadmitidas por distintas razones migratorias o judiciales.

Qué cuestiona la denuncia

Carreras sostiene que existe una diferencia entre las cifras mencionadas públicamente por Milei y los datos oficiales que, según afirma, surgen de la Dirección Nacional de Migraciones.

La presentación cita 772 expulsiones durante 2025 por distintas causales y 744 durante 2026, además de otros registros correspondientes a rechazos o inadmisiones.

La denunciante plantea, entre otros interrogantes, cómo se determinó que las personas mencionadas por el Presidente eran “terroristas” y si existió algún registro o tipificación formal que permitiera clasificarlas de esa manera.

La normativa migratoria contempla distintas causales para disponer expulsiones, entre ellas determinadas condenas penales y otras situaciones vinculadas con la condición migratoria.

Por su parte, el Gobierno informó oficialmente el 18 de septiembre que más de 20.000 extranjeros habían sido expulsados, rechazados o inadmitidos desde febrero, en el marco del refuerzo de los controles migratorios. Esa cifra reúne categorías diferentes y no equivale, por sí misma, a una cantidad de personas calificadas como terroristas.

Qué información pidió la abogada

La presentación solicita que la Dirección Nacional de Migraciones informe el detalle de las expulsiones y rechazos registrados durante 2025 y 2026, discriminados según las causales correspondientes.

También reclama información sobre las personas que hubieran sido vinculadas con delitos de terrorismo y sobre su eventual inclusión en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

Además, pidió que el Ministerio de Seguridad entregue informes, comunicaciones y documentación que pudieran haber servido como fundamento de las declaraciones presidenciales.

La denuncia también apunta a obtener información de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y de la Justicia Federal sobre denuncias, imputaciones, procesamientos y condenas contra extranjeros por terrorismo, financiamiento del terrorismo o delitos relacionados durante el período señalado.

Una investigación busca determinar el origen de la cifra

El planteo judicial sostiene que deberán determinarse las razones de la diferencia entre los datos oficiales y la cifra expresada públicamente por Milei.

La abogada plantea distintas posibilidades y solicita establecer cuál fue el origen de los números mencionados por el Presidente y qué criterio se utilizó para calificar a esas personas como “terroristas”.

La investigación deberá determinar, en caso de avanzar, si existió documentación oficial que respalde esas afirmaciones y si las autoridades responsables contaban con información que permitiera realizar esa clasificación.

La presentación también solicita que se analice la posible existencia de responsabilidades administrativas o penales vinculadas con la información difundida públicamente.