La Ley de Emergencia Comercial, Industrial y PyME de Santa Cruz fue sancionada por la Cámara de Diputados el 20 de febrero de 2026 y declaró la emergencia en todo el territorio provincial hasta el 31 de diciembre.

La normativa alcanza a empresas que cuentan con certificado MiPyME y domicilio fiscal en Santa Cruz, bajo las condiciones establecidas por la propia ley.

Entre las principales herramientas previstas aparece la suspensión de ejecuciones fiscales durante el período de emergencia. En aquellos procesos que todavía no cuentan con sentencia pueden continuar determinadas etapas judiciales, aunque la normativa establece límites a los actos de ejecución y embargos.

Además, la ley instruyó a organismos provinciales como la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos (ASIP), Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) y Distrigas S.E. a implementar planes de regularización de deudas.

Estos mecanismos pueden contemplar hasta 60 cuotas mensuales, una tasa de financiación de hasta el 25% efectiva anual y quitas de hasta el 100% de multas e intereses resarcitorios o por mora sobre el capital adeudado, de acuerdo con las condiciones previstas.

La normativa también contempla la posibilidad de acceder a líneas de crédito con tasas diferenciadas, beneficios tributarios y mecanismos de compensación o renegociación de obligaciones que el Estado provincial mantenga con las empresas alcanzadas.

637 bajas de licencias comerciales en Río Gallegos

Uno de los datos que refleja con mayor claridad la situación del sector corresponde a Río Gallegos.

Según el último relevamiento de la Federación Económica de Santa Cruz (FESC), entre 2025 y agosto de 2026 se tramitaron 637 bajas de licencias comerciales en la capital provincial.

De acuerdo con informes elaborados a partir de esos datos, el padrón de comercios habilitados pasó de aproximadamente 3.000 a unos 2.363 establecimientos, lo que representa una reducción cercana al 21%.

Sin embargo, existe una precisión importante: una baja de licencia comercial no implica necesariamente la disolución de una empresa. Puede estar relacionada con el cierre de una actividad habilitada, un cambio de modalidad u otra situación administrativa.

Por ese motivo, las 637 bajas no deben interpretarse automáticamente como 637 empresas que dejaron de existir.

La FESC también había informado que durante 2025 más de 150 comercios habían cerrado en Río Gallegos. Esa cifra corresponde a un período diferente y no debe sumarse directamente al registro más reciente.

La caída de empresas empleadoras en la provincia

Otro indicador utilizado para analizar la situación económica es la cantidad de empresas empleadoras.

Según un informe de la FESC elaborado con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y procesados por la consultora Politikon Chaco, Santa Cruz registró una pérdida de 227 empresas empleadoras entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025.

Este dato contempla empresas empleadoras de distintos sectores y no equivale exclusivamente a comercios cerrados.

La Federación también señaló que en febrero de 2026 la provincia perdió 46 empresas empleadoras en la comparación mensual, mientras que advirtió que este tipo de estadísticas no incluye a una parte importante de trabajadores independientes, monotributistas y autónomos.

En su actualización de agosto, la entidad estimó que Santa Cruz pierde entre 3 y 4 unidades productivas por día. No obstante, aclaró que se trata de un indicador que combina distintos fenómenos y no significa que esa cantidad de sociedades comerciales cierre diariamente.

La actividad económica también muestra una caída

El escenario se completa con los datos del Índice Provincial de Actividad Económica (IPAE).

Durante agosto de 2026, la actividad económica de Santa Cruz registró una caída del 4,6% interanual y acumuló una disminución del 7,9% durante los primeros ocho meses del año.

En la comparación mensual desestacionalizada, en cambio, el indicador mostró una mejora del 0,4%.

El comportamiento fue dispar entre los sectores relevados. Alimentos y Bebidas registró una baja interanual del 9,6%; Farmacia y Perfumería cayó 9%; Servicios retrocedió 3,6%, y Ferreterías, Construcción, Bazar, Hogar y Muebles tuvo una disminución del 0,1%.

El único sector con crecimiento interanual fue Calzado, Indumentaria y Textiles, con una suba del 2,6%.

Reclamos por la aplicación de la emergencia

Desde el sector comercial sostienen que el principal problema ya no pasa únicamente por la existencia de la ley, sino por la aplicación efectiva de las herramientas previstas.

El presidente de la Cámara de Comercio de Río Gallegos, Leandro Fadul, cuestionó el alcance de las medidas y planteó la necesidad de volver a convocar a la comisión de seguimiento establecida por la normativa.

Ese organismo debe reunirse al menos una vez por mes durante la vigencia de la emergencia y está integrado por representantes del Gobierno provincial, la ASIP, la Secretaría de Comercio e Industria, bloques legislativos y entidades gremiales empresarias.

Desde la Cámara de Comercio de Río Gallegos anticiparon que buscarán que ese espacio vuelva a funcionar como ámbito de análisis y evaluación de las medidas.

Mientras tanto, comerciantes de distintas localidades trabajan en un documento con propuestas para presentar ante autoridades provinciales, municipales y legisladores.

Los números que reflejan la crisis

Los distintos indicadores permiten dimensionar el escenario, aunque corresponden a categorías diferentes.

637 bajas de licencias comerciales fueron registradas en Río Gallegos entre 2025 y agosto de 2026.

227 empresas empleadoras se perdieron en Santa Cruz entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, según el relevamiento citado por la FESC.

3 a 4 unidades productivas por día es la estimación difundida por la Federación para agosto, un indicador que combina distintos fenómenos.

7,9% fue la caída acumulada de la actividad económica provincial durante los primeros ocho meses de 2026.

La Ley de Emergencia Comercial continuará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, mientras comerciantes y entidades empresarias reclaman que las herramientas previstas tengan un impacto concreto sobre la actividad.