El Senado de la Nación convirtió este jueves en ley Inocencia Fiscal II, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional para modificar el régimen tributario y generar condiciones que faciliten la incorporación de ahorros no declarados al circuito formal. La votación terminó con 44 votos a favor y 23 en contra, según los reportes de la sesión.

La nueva normativa modifica aspectos de la legislación vigente desde diciembre y busca reducir las dudas que, según el Gobierno y especialistas tributarios, habían limitado el uso del régimen.

El Ejecutivo había anunciado en julio que enviaría una versión renovada de la iniciativa después de recibir observaciones de especialistas en materia tributaria. El objetivo declarado fue otorgar mayores precisiones y garantías a quienes decidan formalizar sus ahorros.

Estas son las principales modificaciones.

1. Cambia el concepto de discrepancia significativa

Uno de los principales cambios está relacionado con la forma en que se determina una discrepancia significativa entre la información declarada por un contribuyente y la que detecta ARCA.

La nueva normativa establece un umbral mínimo para determinadas diferencias y modifica las causales que pueden generar una observación.

Entre otros cambios, se considera el incremento del impuesto determinado y se mantiene como causal la reducción de quebrantos. También se incorporan situaciones vinculadas con el cómputo improcedente de ingresos directos, como retenciones, percepciones, pagos a cuenta y anticipos.

Un punto que deberá precisar la reglamentación es cuál es el momento que debe tomarse como referencia para calcular determinados montos vinculados al Monto Objetivo de Punibilidad (MOP).

2. Se podrá rectificar y regularizar sin perder los beneficios

La ley también contempla una posibilidad para aquellos contribuyentes que reciban una determinación de ARCA.

Si el organismo notifica una liquidación administrativa o una determinación de oficio, el contribuyente contará con 15 días hábiles para presentar una declaración jurada rectificativa y cancelar o regularizar el impuesto correspondiente.

La rectificación, bajo esas condiciones, no debería configurar por sí misma una discrepancia significativa que implique la pérdida de los beneficios del régimen.

3. Se limitan determinadas presunciones de ARCA

Otro de los cambios está relacionado con las presunciones previstas en el artículo 18 de la Ley 11.683.

La normativa amplía las restricciones que ya existían y establece que determinados indicios y presunciones no podrán utilizarse como fundamento exclusivo para acreditar una discrepancia.

Esos elementos podrán ser utilizados como indicios, pero deberán contrastarse con la información declarada por el contribuyente o con los datos disponibles en los sistemas de ARCA.

La limitación tiene una vigencia determinada: hasta el 31 de diciembre de 2027.

4. ARCA deberá probar la discrepancia

La nueva ley establece expresamente que la carga de la prueba de la discrepancia significativa recaerá sobre ARCA.

El organismo deberá basarse en la información declarada por el contribuyente, los datos disponibles en sus sistemas y la información proporcionada por terceros.

La modificación busca darle rango legal a una protección que ya figuraba en la reglamentación del régimen.

5. Cambia el tratamiento de los fondos frente a Bienes Personales

La quinta modificación relevante está vinculada con el Impuesto sobre los Bienes Personales.

La norma establece una ficción legal por la cual los fondos utilizados se consideran incorporados al patrimonio del contribuyente en el momento en que se realiza la operación.

El cambio apunta a evitar que ARCA impute esos fondos a períodos anteriores bajo determinadas circunstancias y reclame el impuesto correspondiente por ejercicios previos.

¿Qué busca el Gobierno?

La iniciativa forma parte de la estrategia oficial para incentivar que los ahorros que permanecen fuera del sistema financiero ingresen al circuito formal.

El Gobierno había señalado al presentar la reforma que el objetivo era facilitar la formalización del ahorro y canalizarlo hacia la inversión.

Según estimaciones difundidas por el oficialismo, los argentinos mantienen alrededor de USD 170.000 millones fuera del sistema financiero, aunque se trata de una estimación y no de un monto oficialmente verificable en su totalidad.

La aplicación efectiva de los cambios dependerá ahora de la reglamentación correspondiente y de las disposiciones que emitan los organismos involucrados.