La defensa de Cristina Fernández de Kirchner presentó este martes una nueva prueba con la que busca cuestionar la condena dictada contra la expresidenta en la causa Vialidad. Los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego sostienen que la documentación incorporada al expediente contradice uno de los principales argumentos de la acusación: el supuesto direccionamiento de la obra pública en favor del empresario santacruceño Lázaro Báez.

Durante una conferencia de prensa, Beraldi aseguró que el nuevo elemento surgió a partir de información exhibida por un técnico de la Dirección Nacional de Vialidad durante el juicio por la causa Cuadernos.

Según explicó el abogado, el funcionario presentó una planilla de Excel que detallaba el destino de fondos provenientes de un fideicomiso utilizados para financiar obras públicas. La defensa solicitó posteriormente acceder a esa documentación y realizó un análisis de los datos.

De acuerdo con la interpretación de los abogados, los resultados obtenidos contradicen la hipótesis de que durante el gobierno de Cristina Kirchner se haya implementado un mecanismo destinado a beneficiar a Báez.

Beraldi afirmó que, pese al volumen de recursos asignados a la Dirección Nacional de Vialidad durante ese período, menos del 1% de los fondos analizados habría sido destinado a empresas vinculadas al empresario santacruceño.

A partir de esa información, la defensa sostiene que las firmas de Báez no ocuparon los primeros lugares entre las empresas que recibieron recursos y que aquellas que concentraron mayores montos no tenían vinculación con el gobierno de entonces.

“Ahora se demuestra con una prueba concreta que es falso que se quiso beneficiar a Lázaro Báez”, afirmó Beraldi durante la presentación.

El abogado calificó la documentación como un hallazgo de gran relevancia y señaló que, por sus características, decidieron incorporar el planteo ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

La presentación internacional forma parte de la estrategia de la defensa para cuestionar la condena contra la expresidenta, quien cumple prisión domiciliaria. Los abogados sostienen que la sentencia fue injusta y que la nueva documentación permite revisar aspectos centrales de la hipótesis utilizada durante el proceso judicial.

La incorporación de esta prueba no implica por sí misma una modificación de la condena: se trata de un elemento que la defensa considera relevante y cuya interpretación busca utilizar para respaldar sus cuestionamientos ante organismos nacionales e internacionales.