La Justicia Federal ordenó frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas

La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, dictó una medida cautelar contra Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum. La resolución alcanza perforaciones, infraestructura submarina y el inicio de la explotación hidrocarburífera.

La Justicia Federal de Río Grande dictó una medida cautelar que ordena a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited abstenerse de iniciar o continuar obras vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.

La resolución fue adoptada por la jueza federal Mariel Borruto, en el marco de una acción preventiva por posibles daños ambientales y vinculados con la cuestión de soberanía. La medida alcanza las perforaciones, las instalaciones submarinas, la extracción de hidrocarburos y las obras terrestres y portuarias asociadas al emprendimiento.

La causa fue impulsada por la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que solicitaron que las compañías se abstengan de avanzar con el proyecto. El 11 de septiembre, la Justicia Federal de Río Grande había declarado su competencia para intervenir en la causa.

Qué alcanza la medida judicial

La cautelar comprende distintas etapas e instalaciones previstas para Sea Lion, entre ellas las perforaciones, infraestructura submarina, sistemas asociados a la futura extracción y obras de apoyo en tierra y puertos.

La decisión judicial también requiere información detallada sobre la estructura societaria del proyecto, las entidades financieras y fondos involucrados, los desembolsos realizados o comprometidos y las compañías aseguradoras y reaseguradoras vinculadas.

Además, las empresas deberán aportar documentación relacionada con estudios ambientales, análisis de riesgo, modelizaciones de posibles derrames y planes de contingencia, junto con información sobre las obras terrestres y portuarias ejecutadas o proyectadas.

Pedido de información a Cancillería

La jueza también solicitó a la Cancillería argentina que informe si las compañías involucradas cuentan o contaron con algún permiso, autorización, habilitación o consentimiento otorgado por una autoridad argentina para desarrollar actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas o en los espacios marítimos que Argentina considera parte de su plataforma continental.

La causa se tramita sobre un emprendimiento que contempla infraestructura offshore en el Atlántico Sur. La Fiscalía había señalado que la actividad denunciada podría involucrar recursos ambientales interjurisdiccionales y que parte de la infraestructura proyectada se ubicaría sobre el lecho y subsuelo de la plataforma continental.

El antecedente de las medidas del Gobierno

La decisión judicial se conoció después de una serie de acciones impulsadas por el Gobierno nacional frente al avance del proyecto.

El 3 de septiembre, la Oficina del Presidente informó el envío al Congreso de un proyecto de ley y la firma del Decreto 868/2026, en el marco de las medidas vinculadas con las actividades hidrocarburíferas en el área de Malvinas.

El 4 de septiembre, la Cancillería inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas por presuntas infracciones a las prohibiciones establecidas por la Ley 26.659. Posteriormente, el 7 de septiembre, el Gobierno informó la presentación de una denuncia penal contra distintas empresas vinculadas con Navitas y sus actividades en la Cuenca Malvinas Norte.

La medida dictada por la Justicia Federal tiene carácter cautelar, por lo que no constituye una resolución definitiva sobre la responsabilidad de las empresas ni sobre el fondo de todas las cuestiones planteadas en la causa.