El juez federal Martín Cormick intimó al Gobierno de Javier Milei a cumplir, en un plazo de cinco días, con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria (LFEU). En caso de que persista el incumplimiento, el magistrado advirtió que podrá aplicar astreintes, es decir, sanciones económicas por cada día de demora.

La resolución se conoció este martes, en medio del conflicto que mantienen las universidades nacionales con el Gobierno por el financiamiento del sistema universitario y los salarios docentes.

Cormick consideró que la medida cautelar dictada a fines del año pasado continúa vigente y señaló que el Estado nacional no acreditó su cumplimiento total. Por ese motivo, ordenó al Poder Ejecutivo avanzar con las obligaciones establecidas bajo apercibimiento de aplicar sanciones económicas.

La cautelar había sido otorgada por el propio juez a pedido de las universidades. Posteriormente, fue confirmada por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y ratificada por la Corte Suprema de Justicia el 25 de junio.

El Gobierno había intentado levantar la cautelar

La decisión judicial se produce luego de varios intentos del Ejecutivo para dejar sin efecto la medida cautelar.

En junio, el Ministerio de Capital Humano informó ante el juzgado que se había alcanzado un acuerdo entre el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Subsecretaría de Políticas Universitarias y los gremios docentes. Según las actas presentadas, el Gobierno se comprometía a transferir fondos para salarios, actualizar los gastos de funcionamiento e incrementar las partidas destinadas a hospitales universitarios.

El acuerdo contemplaba una transferencia del 24,33% para salarios: un 21% en junio y otro 3% en octubre, además de una actualización del 20% en los gastos de funcionamiento.

Sin embargo, el CIN sostuvo que la firma del acta no implicaba abandonar sus reclamos y cuestionó que las medidas anunciadas fueran suficientes para resolver el problema de financiamiento.

En agosto, durante una nueva audiencia, el Gobierno volvió a solicitar el levantamiento de la cautelar. El argumento oficial fue que las transferencias parciales realizadas a las universidades habían modificado las circunstancias que habían motivado la medida judicial.

Cormick rechazó ese planteo a comienzos de septiembre y sostuvo que la problemática no estaba superada. Además, recordó que la cautelar permanecería vigente hasta que se dictara una sentencia definitiva.

El conflicto continúa

La causa judicial se encuentra vinculada al reclamo de las universidades para que se declare la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno suspendió materialmente el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria.

Este martes, ante un nuevo pedido de las universidades para que se hiciera efectiva la medida cautelar, el juez decidió intimar al Estado nacional y estableció un plazo de cinco días.

La resolución se conoce mientras las universidades nacionales y los gremios del sector profundizan sus reclamos por el financiamiento, los salarios docentes y las partidas destinadas al funcionamiento del sistema universitario.