El proyecto, identificado originalmente como 474/24, tuvo un recorrido legislativo de casi dos años hasta llegar al recinto. La propuesta surgió a partir del caso de Facundo Díaz, un profesor de música de Río Gallegos, y plantea la necesidad de garantizar asistencia a los docentes que atraviesan este tipo de situaciones.

Uno de los principales puntos de la iniciativa es la creación de la figura del “acompañante como vínculo socioafectivo al docente”. De esta manera, cada educador podrá designar a una persona de confianza para que lo acompañe cuando reciba una notificación y durante el desarrollo del procedimiento administrativo.

La persona elegida podrá ser reemplazada cuando el docente lo considere necesario y sus datos deberán quedar registrados en la documentación correspondiente.

La medida apunta a evitar que los trabajadores de la educación enfrenten en soledad situaciones que pueden derivar en investigaciones, sumarios o apartamientos de sus funciones.

Asistencia jurídica y psicológica

La norma también contempla la implementación de un protocolo de acompañamiento, cuidado, protección jurídica y asistencia terapéutica para docentes de los niveles inicial, primario, secundario y terciario.

El dispositivo prevé la participación de profesionales de la abogacía y la psicología, con la posibilidad de que el acompañamiento se extienda durante las distintas etapas del procedimiento administrativo y, cuando corresponda, judicial.

Otro de los aspectos incluidos en el proyecto original establece que, mientras el procedimiento permanezca pendiente de resolución, el salario del docente no debería verse afectado.

Sin embargo, para determinar con precisión cómo funcionará esta disposición será necesario conocer el texto definitivo aprobado por la Legislatura y la reglamentación posterior.

El origen de la Ley Facundo

La iniciativa lleva el nombre de Facundo Díaz, un joven profesor de música de Río Gallegos cuyo caso derivó en un reclamo impulsado por su madre, Graciela Riquelme, junto con profesionales que acompañaron el planteo.

Díaz atravesó en 2019 una denuncia por presunto abuso sexual. A partir de esa situación comenzó un reclamo para establecer mecanismos institucionales que permitan acompañar a los docentes durante procesos administrativos derivados de denuncias.

La propuesta busca establecer un equilibrio entre dos garantías: por un lado, mantener los mecanismos de protección destinados a niñas, niños y adolescentes y, por otro, asegurar que los docentes denunciados tengan acceso a asistencia jurídica y emocional y puedan ejercer sus derechos mientras se determina lo ocurrido.

La aprobación de la ley no modifica los mecanismos de protección de menores ni determina por sí misma la falsedad o veracidad de una denuncia. Su objetivo está centrado en establecer herramientas de acompañamiento para los trabajadores de la educación involucrados en procedimientos administrativos.

Graciela Riquelme estuvo presente este jueves en el recinto durante el tratamiento de la iniciativa y, tras años de impulsar el proyecto, agradeció a los legisladores que acompañaron su aprobación.

Qué falta para que comience a aplicarse

La sanción de la Cámara de Diputados representa un avance importante, aunque el mecanismo no comenzará necesariamente a funcionar de manera inmediata.

Ahora deberán cumplirse las instancias institucionales correspondientes, incluida la promulgación y publicación de la norma. Además, será necesario establecer mediante la reglamentación cómo funcionará el sistema dentro del Consejo Provincial de Educación.

Entre los aspectos que deberán definirse se encuentran la conformación de los equipos profesionales, el procedimiento para solicitar el acompañamiento y la forma en que se activará el protocolo ante cada caso.

También resta conocer el texto definitivo sancionado, ya que el proyecto original presentado en 2024 pudo haber incorporado modificaciones durante su tratamiento legislativo.

Con la aprobación de este jueves, la Ley Facundo deja de ser un proyecto y se convierte en una norma sancionada por la Legislatura de Santa Cruz. Su implementación permitirá determinar el alcance concreto que tendrán las nuevas herramientas de asistencia para los docentes que atraviesen investigaciones o procedimientos administrativos.