El presidente del Consejo Agrario Provincial (CAP), Hugo Garay, defendió el proyecto turístico previsto en la Península de Magallanes y cuestionó las versiones que, según sostuvo, difundieron información incorrecta sobre la iniciativa.

En una entrevista radial, Garay explicó el proceso administrativo que permitió avanzar con el proyecto y recordó que el Plan de Manejo de la Península de Magallanes fue aprobado en 2022, durante la gestión anterior, luego de estudios, modificaciones y una audiencia pública.

“Acá no hay nada oculto, hicimos todo bajo la normativa vigente”, afirmó el titular del CAP, quien también destacó que el organismo solicitó modificaciones a la propuesta inicial de la empresa para adecuarla a las condiciones establecidas en el plan.

Qué contempla el proyecto

La iniciativa prevé el desarrollo de un complejo turístico en un predio privado de 20 hectáreas, dentro de un área protegida que comprende unas 38.900 hectáreas.

De acuerdo con lo explicado por Garay, el proyecto contempla la construcción de 24 cabañas, con una capacidad máxima de 60 camas, además de espacios comunes y senderos.

El funcionario señaló que la empresa presentó su estudio de impacto ambiental en 2023, que fue aprobado en 2024 luego de la intervención de los organismos correspondientes.

El desarrollo deberá cumplir además con requisitos específicos vinculados al tratamiento de efluentes y la prevención de incendios. Desde el CAP indicaron que se realizarán controles para verificar que las obras se ejecuten de acuerdo con las condiciones autorizadas y la normativa ambiental.

El CAP aclaró la situación de las tierras

Uno de los puntos planteados por Garay estuvo relacionado con la titularidad de los terrenos.

El presidente del Consejo Agrario sostuvo que los inmuebles involucrados pertenecen al dominio privado desde hace más de seis décadas y explicó que la Provincia transfirió los títulos de propiedad durante la década de 1960.

Según detalló, dentro de las 38.900 hectáreas que conforman el área protegida existe un porcentaje minoritario de tierras que permanece bajo dominio público, mientras que el resto corresponde a propietarios privados.

De esta manera, rechazó las versiones que señalan que el Estado provincial estaría entregando tierras para el desarrollo del emprendimiento.

Inversión privada y controles ambientales

Garay planteó que el proyecto representa una inversión privada destinada a ampliar la oferta turística de El Calafate y atraer visitantes interesados en propuestas vinculadas con el entorno natural.

También señaló que la iniciativa podría generar empleo y actividad económica, aunque remarcó que el desarrollo deberá ajustarse a las exigencias ambientales establecidas.

En ese sentido, sostuvo que la tarea del CAP será controlar el cumplimiento de las condiciones autorizadas y preservar los recursos naturales del área.

El expediente será presentado ante la Legislatura

Luego del pedido de informes realizado por la Cámara de Diputados, Garay confirmó que el Consejo Agrario Provincial concurrirá a la Legislatura para brindar explicaciones y presentar la documentación correspondiente.

La exposición incluirá la participación de técnicos de Áreas Protegidas y de los equipos legales y técnicos del CAP, quienes tendrán a su cargo la presentación del expediente y las respuestas a las consultas de los legisladores.

Garay también vinculó el proyecto con la política de desarrollo turístico impulsada por el gobernador Claudio Vidal, orientada a promover inversiones y generar empleo, con el compromiso de preservar el patrimonio natural de Santa Cruz.