El proyecto turístico denominado “Master Plan Ecocentro”, previsto en la Península de Magallanes, sumó un nuevo capítulo institucional luego de que el Consejo Agrario Provincial (CAP) remitiera a la Cámara de Diputados de Santa Cruz documentación vinculada con el expediente administrativo que dio lugar al Decreto Provincial 915/2026.

La entrega de información se produjo tras el pedido de informes aprobado por unanimidad por la Legislatura el 24 de septiembre. Los diputados solicitaron conocer los antecedentes técnicos, jurídicos, administrativos y ambientales relacionados con la decisión del Poder Ejecutivo provincial.

El expediente identificado como CAP N.º 495.894/23 permite reconstruir parte de la cronología del emprendimiento y muestra que las actuaciones administrativas comenzaron en 2023, antes de la actual gestión provincial.

Un proyecto que fue modificado

De acuerdo con la explicación brindada por el presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay, la propuesta original tenía una escala mayor y no se ajustaba al Plan de Gestión del Área Natural Protegida Península de Magallanes.

Según el funcionario, el organismo planteó modificaciones para adecuar la iniciativa a las condiciones establecidas para el área.

La propuesta que actualmente se encuentra bajo análisis contempla un predio de unas 20 hectáreas, de las cuales aproximadamente cuatro hectáreas estarían destinadas a infraestructura. El proyecto incluye 24 cabañas, una capacidad máxima de 60 plazas, espacios comunes y senderos peatonales. Estos datos corresponden a la descripción realizada por Garay sobre el proyecto.

Qué autorizó el Decreto 915/2026

Uno de los puntos centrales del expediente es determinar qué alcance tuvo realmente la decisión adoptada por el Gobierno provincial.

El Decreto 915/2026, firmado por el gobernador Claudio Vidal el 1 de septiembre y publicado en el Boletín Oficial el 22 de septiembre, estableció una excepción por única vez y con carácter estrictamente excepcional a la restricción prevista por el Decreto 994/2017.

La medida permitió avanzar con una operación de compraventa entre Lacustre del Sud S.A., como vendedora, y ASB Hospitality Calafate SAU, como adquirente, vinculada al desarrollo del denominado Master Plan Ecocentro.

El decreto establece que la excepción se limita a esa operación específica y que no podrá utilizarse como antecedente automático para futuras solicitudes similares.

También deja establecido que la autorización de la operación inmobiliaria no constituye por sí misma una habilitación irrestricta para construir. La ejecución, puesta en marcha y funcionamiento del emprendimiento quedan sujetos al cumplimiento de la normativa ambiental, territorial y de conservación vigente.

La evaluación ambiental

El expediente también incorpora antecedentes vinculados con el marco de protección de la Península de Magallanes.

El área cuenta con un Plan de Gestión aprobado en 2022, que establece las condiciones para el desarrollo de actividades dentro de la reserva. El Decreto 915/2026 menciona además la existencia de una Declaración de Impacto Ambiental aprobada y establece que el proyecto deberá cumplir las medidas de mitigación y las restricciones que determinen las autoridades competentes.

Según lo informado previamente por Garay, la documentación ambiental del emprendimiento fue presentada en 2023 y el procedimiento concluyó con una aprobación en 2024. El funcionario también sostuvo que el proyecto fue sometido a las instancias correspondientes dentro del proceso de evaluación.

Qué deberá revisar ahora Diputados

La documentación enviada por el CAP permitirá a los legisladores revisar los antecedentes que sustentaron la excepción otorgada por el Poder Ejecutivo.

El pedido de informes aprobado por los 18 diputados presentes incluyó la solicitud de expedientes, informes técnicos, dictámenes jurídicos, estudios, actas y demás documentación relacionada con la decisión.

El presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay, confirmó además su disposición a concurrir a la Legislatura para explicar el procedimiento y responder las consultas de los legisladores.

De esta manera, el debate institucional queda centrado en distintos aspectos: el origen del proyecto, las modificaciones realizadas para adecuarlo al Plan de Gestión, la evaluación ambiental, el alcance de la excepción establecida por el Decreto 915/2026 y las condiciones que deberán cumplirse si el emprendimiento avanza.

La documentación remitida a Diputados constituye ahora uno de los principales elementos para analizar el procedimiento administrativo y determinar los alcances de la autorización otorgada sobre un proyecto turístico ubicado dentro de un área natural protegida.