La decisión del Gobierno de Santa Cruz abrió una nueva discusión sobre el desarrollo turístico y la protección ambiental en uno de los sectores de mayor valor natural de la provincia.

A través del Decreto Provincial N° 0915/2026, firmado el 1° de septiembre y publicado el 22 de septiembre en el Boletín Oficial, el gobernador Claudio Vidal autorizó una excepción para concretar la venta de un inmueble ubicado en la región de Península de Magallanes, en el departamento Lago Argentino.

La operación involucra a la empresa Lacustre del Sud S.A., actual propietaria del terreno, y a ASB Hospitality Calafate SAU, la sociedad que figura como adquirente. La parcela corresponde a la Fracción G, Matrícula 186 del Departamento III – Lago Argentino.

Una excepción prevista por decreto

El punto central de la medida es la excepción al artículo 2° del Decreto Provincial N° 0994/17, que establece restricciones para la adquisición de inmuebles ubicados dentro de áreas naturales protegidas por parte de compradores extranjeros.

El Ejecutivo provincial definió la autorización como una medida “por única vez y con carácter estrictamente excepcional”. Además, dejó establecido que no podrá ser utilizada como antecedente ni como autorización automática para futuras operaciones similares.

La excepción está vinculada específicamente con la ejecución del denominado “Master Plan Ecocentro”.

¿Quién está detrás de la compra?

ASB Hospitality Calafate SAU fue constituida en Argentina en julio de 2026 y su único accionista es ASB Hospitality LLC, una sociedad registrada en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

La firma está vinculada al grupo Albwardy Investment, un conglomerado empresario con sede en Emiratos Árabes Unidos y participación en distintos sectores, entre ellos la actividad hotelera. El grupo ya tiene presencia en Argentina a través de establecimientos como el Four Seasons Hotel Buenos Aires y el Gran Meliá Iguazú.

De esta manera, aunque la compradora está constituida como una sociedad argentina, su único accionista es una empresa extranjera.

¿Qué proyecto se pretende desarrollar?

La operación inmobiliaria está directamente relacionada con el “Master Plan Ecocentro”, un proyecto turístico previsto para la parcela ubicada dentro de la Península de Magallanes.

Información publicada previamente sobre la iniciativa señaló que el emprendimiento contempla más de 20 cabañas orientadas al turismo de alta gama, aunque los detalles completos del proyecto forman parte del expediente administrativo correspondiente.

La autorización de la venta, sin embargo, no equivale por sí misma a una habilitación general para construir cualquier emprendimiento en el área protegida.

El propio Decreto 0915 establece que la ejecución, puesta en marcha y operación del proyecto deberán ajustarse a la legislación ambiental, territorial y de conservación vigente.

¿Qué controles ambientales deberá atravesar?

Según el decreto, el proyecto ya cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental aprobada. No obstante, su desarrollo queda sujeto al cumplimiento de las leyes provinciales N° 3466 y N° 2658, además de las restricciones, planes de manejo y medidas de mitigación que establezcan el Consejo Agrario Provincial y los demás organismos competentes.

Por lo tanto, la excepción concedida por el Ejecutivo provincial se refiere específicamente a la operación inmobiliaria y no elimina las obligaciones ambientales aplicables al emprendimiento.

Cuestionamientos en El Calafate

La medida ya generó cuestionamientos de sectores vinculados a la defensa ambiental de la Península de Magallanes.

El exdiputado y exguardaparque Oscar Alfredo Bellini pidió suspender cualquier avance y reclamó que se hagan públicos el expediente completo, los planos, los estudios ambientales y las características del proyecto. También planteó interrogantes sobre el impacto que podrían generar las obras, la circulación de vehículos, el consumo de agua y el tratamiento de residuos en el área.

Estos cuestionamientos forman parte de la discusión pública abierta tras la publicación del decreto y no modifican, por sí mismos, los alcances jurídicos de la autorización otorgada por el Gobierno provincial.

La controversia queda así planteada entre el desarrollo de una inversión turística de capital extranjero y las restricciones que rigen sobre un territorio especialmente protegido por su valor ambiental y turístico.