Punta Arenas avanza con un proyecto para establecer una ruta marítima comercial con las islas Malvinas, una iniciativa que genera atención en Argentina por sus posibles implicancias diplomáticas y jurídicas y por la cercanía de la ciudad chilena con Santa Cruz.

Las negociaciones entre autoridades, empresarios de Punta Arenas y representantes de las islas se desarrollaron de manera reservada. El proyecto ya cuenta con un acuerdo comercial entre la Corporación de Desarrollo de las Islas Malvinas y la naviera chilena Eastern Island, que actualmente opera la ruta subsidiada entre Valparaíso e Isla de Pascua.

El primer viaje de esta nueva conexión está previsto para noviembre, aunque todavía resta definir las condiciones concretas de la operación.

Uno de los principales argumentos de sus impulsores es la distancia. Según la información difundida en Chile, el trayecto entre Punta Arenas y las Malvinas sería prácticamente la mitad de la actual ruta marítima que conecta las islas con Montevideo, Uruguay.

Una apuesta comercial para Magallanes

El proyecto también cuenta con respaldo político en Punta Arenas. El alcalde Claudio Radonich es uno de sus principales impulsores y sostiene que recuperar una conexión comercial con las islas podría generar nuevas oportunidades para la economía de la región de Magallanes.

En ese marco, está prevista para los días 28 y 29 de septiembre la llegada de una delegación comercial de las Malvinas a Punta Arenas.

El objetivo será realizar una rueda de negocios con empresarios y proveedores chilenos para analizar qué productos podrían ser enviados hacia las islas.

Entre los productos mencionados aparecen alimentos, frutas y verduras, vinos, materiales de construcción, gas licuado y repuestos.

Desde la Corporación de Desarrollo de las Islas Falkland también manifestaron interés en recuperar una conexión comercial con Chile.

Según Radonich, el mercado de las islas representa un poder de compra cercano a los US$20 millones anuales. El alcalde también cuestionó las restricciones comerciales implementadas años atrás y estimó que una declaración del Mercosur de 2011, respaldada por Chile, generó un impacto de unos US$300 millones para la economía de Magallanes.

La norma argentina que aparece en el centro de la discusión

El punto más sensible del proyecto está relacionado con las normas argentinas sobre navegación hacia las islas Malvinas.

El Decreto 256 de 2010, que continúa vigente, establece que los buques que se dirijan hacia las islas o regresen de ellas deben solicitar autorización previa a las autoridades argentinas cuando pretendan navegar por aguas jurisdiccionales del país.

Por ese motivo, una conexión marítima entre Punta Arenas y Malvinas podría abrir un nuevo frente de discusión entre Argentina y Chile, dependiendo del recorrido que realicen las embarcaciones y de las condiciones de la operación.

La iniciativa además aparece en un contexto de tensión reciente entre ambos países por declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde, relacionadas con la soberanía argentina en una parte del estrecho de Magallanes.

El excomandante en jefe de la Armada de Chile, Julio Leiva, advirtió que el proyecto podría generar dificultades en la relación con Argentina.

Radonich, en cambio, sostuvo que la iniciativa no implicaría incumplir la declaración del Mercosur de 2011 y argumentó que la embarcación utilizaría otra bandera. Sin embargo, las condiciones jurídicas de la operación deberán determinarse a partir del recorrido y las normas que resulten aplicables.

Por qué el proyecto también mira a Santa Cruz

La iniciativa tiene una dimensión regional por la posición estratégica de Punta Arenas y su histórica vinculación económica y logística con la Patagonia argentina.

Cualquier modificación de las rutas comerciales marítimas en el extremo sur puede tener impacto en los circuitos de transporte y abastecimiento de la región, especialmente para Santa Cruz.

Por ahora, el proyecto cuenta con tres hitos concretos: un acuerdo comercial entre la Corporación de Desarrollo de las Islas Malvinas y Eastern Island, una misión empresarial prevista para fines de septiembre y un primer viaje proyectado para noviembre.

La eventual puesta en marcha de la conexión deberá atravesar, además de su evaluación comercial, un análisis de sus implicancias jurídicas y diplomáticas.

Así, lo que comenzó como una iniciativa comercial de Punta Arenas para recuperar un vínculo con las islas podría convertirse en un nuevo tema de discusión para Argentina y Chile, en una zona estratégica y especialmente sensible para ambos países.