Según informó el gremio, el Ejecutivo analiza incorporar 26 nuevos tramos de rutas nacionales al sistema de concesiones, con una extensión superior a los 9.000 kilómetros de la Red Vial Nacional.

Desde STVyARA calificaron el proceso como un “ruticidio” y advirtieron sobre un supuesto debilitamiento de Vialidad Nacional que, de acuerdo con su postura, podría favorecer la incorporación de más rutas al sistema privado y la aplicación de peajes.

La discusión por los fondos para las rutas

Uno de los principales cuestionamientos del sindicato apunta a los recursos destinados por ley al mantenimiento y desarrollo de la infraestructura vial.

De acuerdo con documentación oficial analizada por STVyARA, entre 2024 y mayo de 2026 se recaudaron $1.503.252 millones destinados a infraestructura vial.

El gremio sostiene que durante ese mismo período se ejecutaron $394.406 millones en obras, mientras que al 31 de mayo de 2026 más de $1 billón permanecía colocado en instrumentos financieros, entre ellos plazos fijos y títulos públicos.

Según el comunicado difundido por la organización sindical, posteriormente el Poder Ejecutivo reconoció que parte de esos recursos era administrada por el Ministerio de Economía dentro de las políticas vinculadas al equilibrio fiscal.

La secretaria general de STVyARA, Graciela Aleñá, cuestionó que existan dificultades para financiar el mantenimiento de las rutas mientras, según la información presentada por el gremio, una parte significativa de los recursos permanece fuera de las obras viales.

Críticas al avance de las concesiones

El sindicato también puso el foco en el esquema de concesiones que analiza el Gobierno nacional.

Uno de los puntos señalados es que Vialidad Nacional conservaría funciones de auditoría y control sobre los tramos que sean concesionados, mientras el organismo atraviesa un proceso de reducción de personal.

En ese marco, STVyARA cuestionó la aprobación de un segundo programa de Retiro Voluntario y advirtió sobre las consecuencias que podría tener una disminución de trabajadores para las tareas de fiscalización.

Desde el gremio sostienen que reducir la estructura de Vialidad mientras se amplían las obligaciones de control podría afectar la capacidad técnica del Estado para supervisar las rutas concesionadas.

El debate por el rol del Estado

La discusión también alcanza al modelo de financiamiento y mantenimiento de la Red Vial Nacional.

STVyARA rechazó que las obras de infraestructura sean analizadas únicamente desde una lógica de rentabilidad privada y cuestionó una eventual secuencia de reducción de recursos, menor actividad y disminución de personal que, según su interpretación, podría terminar siendo utilizada para justificar una mayor participación privada.

Por el momento, el Gobierno nacional avanza con el análisis de nuevos tramos para concesionar, mientras el sindicato reclama precisiones sobre el destino de los recursos recaudados y el futuro de Vialidad Nacional.

El debate combina así dos cuestiones centrales: cuánto dinero destinado a infraestructura vial fue efectivamente utilizado en obras y qué rol tendrá el Estado en el mantenimiento, control y fiscalización de las rutas nacionales.