El Gobierno de Santa Cruz avanzó en una nueva instancia de trabajo junto a organizaciones vinculadas a la discapacidad para fortalecer la implementación de la Ley Provincial N° 3.820 y su decreto reglamentario.

La reunión fue organizada por la Subsecretaría de Políticas para Personas con Discapacidad y se desarrolló en las instalaciones de la Fundación TEA Santa Cruz, con la participación de la subsecretaria Alejandra Ulloa y el asesor letrado del área, Mario Pasqui.

Durante el encuentro se acordaron nuevas pautas de trabajo y la conformación de mesas de articulación con funcionarios y representantes de distintas áreas del Gobierno provincial. El objetivo será abordar los diferentes aspectos contemplados por la normativa y avanzar en los mecanismos necesarios para garantizar su aplicación efectiva.

Organizaciones plantearon necesidades y propuestas

De la jornada participaron representantes de Fundación TEA Santa Cruz, ITEA Escuela Especial, Fundación CENTA, Fundación Ovillo Terapéutico, la Asociación de Enfermedades Poco Frecuentes y Fundación Manuel González.

También estuvo presente Diego de la Mata, representante de Santa Cruz ante el Consejo Federal de Discapacidad (Co.Fe.Dis.).

La mesa permitió compartir experiencias y poner en común necesidades, demandas y propuestas vinculadas con las situaciones que atraviesan las personas con discapacidad y sus familias en la provincia.

En ese marco, desde la Subsecretaría destacaron el rol de las organizaciones de la sociedad civil como actores fundamentales para detectar problemáticas, aportar propuestas y contribuir al diseño y fortalecimiento de políticas públicas.

Buscan una agenda de trabajo permanente

Alejandra Ulloa remarcó la importancia de sostener un vínculo permanente con las organizaciones del sector y destacó que estos espacios permiten conocer de primera mano las principales necesidades de la comunidad.

“Esta mesa de trabajo nos permite escuchar de primera mano las necesidades y preocupaciones de las organizaciones y, a partir de allí, avanzar en respuestas concretas”, señaló la funcionaria.

Ulloa también sostuvo que la aplicación de una normativa de estas características requiere coordinación entre diferentes organismos estatales y la participación activa de las instituciones que trabajan con personas con discapacidad y sus familias.

“La implementación de una ley de estas características requiere del compromiso y la articulación de distintas áreas del Estado, pero también de la participación activa de las organizaciones que trabajan diariamente junto a la comunidad”, afirmó.

Desde la Subsecretaría anticiparon que las mesas de trabajo continuarán con el propósito de profundizar la coordinación entre las organizaciones y las distintas áreas provinciales que tendrán intervención en la aplicación de la Ley 3820.