El Gobierno nacional presentó este martes un nuevo proyecto de ley sobre Discapacidad con el objetivo de dejar atrás la Emergencia vigente y establecer un esquema permanente de financiamiento y prestaciones, luego de la polémica generada por los recortes incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027.

La propuesta fue presentada ante los bloques aliados durante una reunión encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. El oficialismo busca avanzar con un nuevo dictamen que permita superar las diferencias generadas en torno al financiamiento del sector.

Según el artículo 1 del proyecto, la iniciativa apunta a fortalecer la previsibilidad, transparencia y eficiencia de las políticas destinadas a las personas con discapacidad, además de garantizar la continuidad de las prestaciones y los derechos establecidos por la normativa vigente.

Uno de los principales cambios respecto de la propuesta incluida originalmente en el Presupuesto 2027 es que la pensión no contributiva por discapacidad continuará vigente y se actualizará mensualmente por inflación, como ocurre actualmente.

Además, los beneficiarios mantendrán el acceso a un programa médico de atención y cobertura de salud. La nueva propuesta también establece que la pensión será compatible con un trabajo registrado cuando la remuneración no supere el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.

En paralelo, quienes contraten por tiempo indeterminado a personas con discapacidad podrán acceder a beneficios impositivos.

Se mantiene el nomenclador y el arancel unificado

Uno de los reclamos centrales de las organizaciones vinculadas a la discapacidad estaba relacionado con la continuidad del nomenclador universal de prestaciones y del arancel unificado.

La nueva propuesta del oficialismo mantiene ambos mecanismos. El artículo 4 ratifica la vigencia del artículo 7° bis de la Ley 24.901, que establece valores de aranceles iguales para las personas jurídicas alcanzadas por el sistema.

Los valores deberán ser determinados por el directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral y actualizados de acuerdo con el mecanismo establecido por la normativa vigente.

El proyecto también reconoce el derecho de los prestadores a cobrar las compensaciones correspondientes a los atrasos acumulados y establece que esos pagos deberán realizarse de acuerdo con el cronograma previsto.

Auditorías para acceder y mantener la pensión

Otro de los puntos incorporados por el Gobierno establece un sistema de auditorías periódicas para verificar que los beneficiarios continúen cumpliendo los requisitos necesarios para conservar la pensión no contributiva por invalidez laboral y la pensión por discapacidad.

La Secretaría Nacional de Discapacidad deberá comenzar por verificar los requisitos documentales y socioeconómicos mediante el cruce de información con bases de datos públicas.

Desde sectores cercanos al oficialismo habían señalado previamente que la intención era elevar los controles para determinar que el beneficio llegue a quienes efectivamente cumplen con las condiciones establecidas.

El financiamiento quedará dentro del Presupuesto

Para garantizar los recursos destinados al sistema, el proyecto incorpora una cláusula que establece que las partidas presupuestarias destinadas al área no podrán ser inferiores, en términos reales, a las del ejercicio anterior.

Desde La Libertad Avanza remarcaron que la iniciativa mantiene los derechos contemplados por la legislación vigente, pero elimina la Emergencia. De esta manera, los recursos quedarían incorporados al Presupuesto nacional y sujetos a mecanismos de control presupuestario.

La propuesta fue recibida de manera diferente por los distintos bloques. Uno de los diputados aliados que participó de la reunión la calificó como una iniciativa “superadora” y destacó que permitiría darle previsibilidad tanto a las personas con discapacidad como a los prestadores.

Desde el peronismo, en cambio, plantearon dudas sobre el financiamiento efectivo del sistema y señalaron que los legisladores que acompañen el dictamen deberán confiar en que el Gobierno incorpore los recursos necesarios en el Presupuesto 2027.