La Ley 27.801, publicada en el Boletín Oficial, reemplaza el régimen anterior y plantea como objetivos promover la responsabilidad por los actos cometidos, junto con la educación, la resocialización y la integración social de los adolescentes.

Cuál es la pena máxima

Uno de los principales puntos establecidos por la nueva normativa es que no se podrán aplicar penas de prisión o reclusión perpetua.

El límite máximo de privación de la libertad queda fijado en 15 años, incluso cuando se trate de varios delitos y la suma de las escalas penales previstas supere ese límite.

Una vez cumplidos dos tercios de la condena, el tribunal podrá disponer que el período restante se cumpla mediante otras sanciones, siempre que se reúnan los requisitos establecidos por la ley.

Entre las condiciones se encuentran las previstas para la libertad condicional, un dictamen pericial favorable y la conformidad del Ministerio Público Fiscal. Además, deberá escucharse la opinión de la víctima.

No todos los delitos implican prisión

El régimen establece distintas alternativas a la privación de libertad.

Cuando el delito tenga una pena prevista de hasta tres años de prisión, la normativa contempla su reemplazo por otras sanciones cuando se cumplan los requisitos correspondientes.

Para los casos en los que la pena supere los tres años y llegue hasta diez años, también podrán establecerse medidas alternativas, aunque bajo condiciones adicionales.

Para determinar la medida se deberán considerar aspectos como la gravedad del hecho, la existencia de violencia, los antecedentes y otros procesos judiciales. La decisión también requiere evaluación pericial, conformidad del Ministerio Público Fiscal y la participación de la víctima.

Qué sanciones contempla

Entre las medidas previstas aparecen diferentes alternativas al encierro, de acuerdo con las características de cada caso.

El régimen contempla:

Prohibiciones de acercamiento o contacto con la víctima.

Restricciones para concurrir a determinados lugares.

Servicios comunitarios.

Reparación del daño.

Amonestaciones judiciales.

Monitoreo electrónico.

Actividades educativas.

Capacitación laboral.

Acompañamiento interdisciplinario.

La amonestación consiste en un llamado de atención formal realizado por el juez y debe estar acompañada por al menos otra de las sanciones contempladas en la normativa.

El monitoreo electrónico podrá utilizarse como una sanción independiente o como mecanismo de control del cumplimiento de otras medidas.

Cómo será el seguimiento de los adolescentes

La normativa establece la intervención de supervisores especializados, que serán designados por la Justicia para acompañar al adolescente, controlar su evolución y verificar el cumplimiento de las pautas establecidas.

El sistema también incorpora actividades educativas, capacitación laboral y asistencia interdisciplinaria como parte del proceso de seguimiento.

La finalidad es que las medidas impuestas no se limiten a una sanción, sino que también contemplen herramientas destinadas a la educación y la integración social.

Qué pasa cuando corresponde la privación de libertad

En los casos en que la Justicia determine una medida de privación de libertad, los adolescentes deberán permanecer en establecimientos especialmente acondicionados para personas menores de edad.

La normativa prohíbe que sean alojados junto con personas adultas y establece distintas modalidades, entre ellas institutos abiertos, centros especializados de detención y arresto domiciliario.

Además, el personal encargado de estos establecimientos deberá contar con capacitación específica para trabajar con adolescentes.

Protección de la identidad

El nuevo régimen también establece medidas para preservar la identidad de los adolescentes sometidos a procesos penales.

Queda prohibida la difusión de nombres, apodos, domicilios, fotografías u otros datos que permitan identificar a los adolescentes imputados.

La disposición busca evitar su exposición pública durante el proceso judicial.

Derechos de las víctimas

La nueva normativa reconoce la participación de las víctimas dentro del proceso y establece su derecho a recibir información relacionada con la causa.

También contempla la posibilidad de que su opinión sea considerada en determinadas decisiones vinculadas con las medidas que pueden aplicarse al adolescente.

En materia de responsabilidad civil, los progenitores podrán responder por los daños derivados de los delitos cometidos por sus hijos, de acuerdo con las condiciones establecidas por el Código Civil y Comercial.

Recursos para implementar el nuevo régimen

La aplicación del nuevo sistema requiere adecuaciones en materia judicial, infraestructura, personal especializado y dispositivos de seguimiento.

Para el año de entrada en vigencia, el Congreso asignó más de $23.739 millones destinados a la implementación del régimen.

La normativa contempla así un sistema diferente al régimen anterior, con una combinación de sanciones, medidas alternativas, seguimiento especializado y establecimientos específicos para los casos en que corresponda la privación de libertad.

El nuevo Régimen Penal Juvenil comenzó a aplicarse este 5 de septiembre de 2026, por lo que desde ahora los delitos cometidos por adolescentes de 14 y 15 años quedan comprendidos dentro del nuevo esquema penal establecido por la Ley 27.801.