La Cámara Federal porteña confirmó el cierre de la denuncia penal contra la diputada nacional Lilia Lemoine, luego de sus comentarios en un programa de streaming sobre los vuelos de la muerte, uno de los métodos utilizados por la última dictadura militar para desaparecer a sus víctimas.

La decisión fue adoptada por mayoría por los camaristas Eduardo Farah y Mariano Llorens, quienes respaldaron el criterio de la fiscal Alejandra Mángano, que había considerado que las expresiones denunciadas no constituían el delito de apología del crimen. En disidencia, Roberto Boico sostuvo que resultaba prematuro descartar la existencia de un delito sin un análisis más exhaustivo.

El caso se originó a partir de una emisión del programa FDC, conducido por el abogado Alejandro Sarubbi Benítez en el canal de streaming Ánima Digital, en la que también participó Alfredo “Rino” Gammariello, presentado como excustodio de la secretaria general de la Presidencia.

Durante la conversación, los participantes hicieron referencias a la posibilidad de arrojar personas desde aviones y al funcionamiento de aeronaves Hércules. Lemoine respondió con comentarios que aludían a la capacidad de esos aviones y se rio durante distintos pasajes del intercambio.

Las expresiones generaron un fuerte rechazo entre familiares de víctimas del terrorismo de Estado, quienes el 29 de diciembre presentaron una denuncia penal por presunta apología del crimen contra la legisladora y los demás participantes.

La decisión judicial y la disidencia

La presentación fue impulsada por Mabel Careaga, Cecilia de Vincenti y Carlos Oviedo, familiares de víctimas de los secuestros ocurridos en diciembre de 1977, durante la última dictadura. Entre las personas desaparecidas se encontraban integrantes del grupo conocido como los Doce de la Santa Cruz, entre ellas tres Madres de Plaza de Mayo y dos religiosas francesas.

La fiscalía entendió que los dichos no reunían los elementos necesarios para configurar el delito contemplado en el artículo 213 del Código Penal. Los denunciantes cuestionaron esa interpretación y solicitaron que se revisara la decisión.

Al resolver el planteo, Farah sostuvo que las expresiones habían sido impropias y que el tono sarcástico utilizado para referirse a episodios trágicos de la historia argentina resultaba censurable. Sin embargo, consideró que esas circunstancias no alcanzaban para configurar el delito de apología del crimen.

El camarista también señaló que su conclusión no implicaba justificar los comentarios ni desconocer el daño que podían haber provocado en los familiares de las víctimas.

Boico, en cambio, planteó que no correspondía cerrar el expediente sin una evaluación más profunda. En su voto, sostuvo que las manifestaciones habían sido difundidas en un medio público y se referían a hechos de extrema gravedad por los cuales ya existen condenas judiciales.

Los familiares recurrirán a Casación

Tras conocerse el fallo, los representantes legales de los denunciantes anunciaron que llevarán el caso ante la Cámara Federal de Casación Penal.

Eduardo Tavani, abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), cuestionó la decisión y sostuvo que las expresiones constituyeron una reivindicación de crímenes aberrantes. También defendió la legitimidad de sus representados para impulsar la acción judicial.

Cecilia de Vincenti, hija de Azucena Villaflor, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, expresó su indignación y consideró que el fallo representa un agravio para una sociedad que logró condenas contra responsables del terrorismo de Estado.

Por su parte, Mabel Careaga, hija de Esther Ballestrino de Careaga, cuestionó que los comentarios no hayan recibido una respuesta judicial que considerara acorde con su gravedad. Desde Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz también habían reclamado medidas contra la diputada en el ámbito legislativo.

La memoria de los vuelos de la muerte

Los vuelos de la muerte fueron una metodología represiva empleada durante la última dictadura para asesinar y desaparecer a personas secuestradas en centros clandestinos de detención. En diciembre de 1977, integrantes del grupo que se reunía en la Iglesia de la Santa Cruz fueron secuestrados y posteriormente arrojados al mar.

La identificación de restos recuperados del Río de la Plata permitió reconstruir parte de esos crímenes y establecer judicialmente el destino de varias víctimas.

El cierre de la denuncia contra Lemoine reabrió el debate sobre los límites de la libertad de expresión frente a manifestaciones que aluden a crímenes de lesa humanidad. La discusión continuará en una instancia judicial superior si prospera el recurso anunciado por los familiares.