La Justicia federal declaró inconstitucional una cláusula del Decreto 759/2025 que había condicionado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó al Gobierno nacional adoptar las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento.

La resolución fue dictada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, tras un amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El conflicto comenzó luego de que el Congreso insistiera con la Ley de Financiamiento Universitario tras el veto presidencial. El Ejecutivo promulgó posteriormente la norma a través del Decreto 759/2025, aunque estableció una condición vinculada con la identificación de las fuentes de financiamiento y la incorporación de las partidas al Presupuesto nacional.

Para el magistrado, esa condición terminó obstaculizando la aplicación efectiva de una ley sancionada por el Congreso. En su sentencia, sostuvo que el decreto no superaba un estándar mínimo de razonabilidad y que, en los hechos, funcionaba de manera similar a un nuevo veto, una herramienta que no contempla la Constitución Nacional en esas condiciones.

Qué ordenó la Justicia

El fallo establece que el Poder Ejecutivo deberá dictar las normas y adoptar las medidas necesarias para poner en funcionamiento la Ley de Financiamiento Universitario.

Entre los aspectos alcanzados por la resolución se encuentran la actualización de los recursos destinados a las universidades y la recomposición de los salarios de docentes y trabajadores no docentes.

El reclamo también incluía la necesidad de garantizar los fondos necesarios para el funcionamiento de las instituciones universitarias y otros componentes previstos por la legislación.

El argumento presupuestario

Cormick también analizó el planteo relacionado con el impacto que tendría la ley sobre las cuentas públicas.

En ese sentido, señaló que durante 2024 y 2025 no se sancionó una nueva Ley de Presupuesto y que continuaron prorrogándose partidas correspondientes al ejercicio 2023.

Además, el magistrado citó estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, según las cuales el impacto de la norma durante 2025 representaba aproximadamente el 0,23% del PBI nominal proyectado.

La decisión corresponde a una primera instancia, por lo que puede ser apelada. Sin embargo, la resolución ordenó al Gobierno avanzar de manera inmediata con las disposiciones reglamentarias y ejecutorias necesarias para aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.ruz.