La Ciudad de Buenos Aires atraviesa este jueves una jornada de fuerte movilización política y social. La quinta Marcha Federal Universitaria convoca a estudiantes, docentes, no docentes y autoridades académicas frente al Congreso de la Nación para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La protesta también reúne a organizaciones políticas, sindicales y sociales que rechazan distintas medidas impulsadas por el gobierno de Javier Milei. Entre los principales reclamos aparece el intento de derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, una de las normas centrales de la gestión libertaria.

La movilización se desarrolla en paralelo a una jornada legislativa clave, en la que la oposición busca reunir los votos necesarios para avanzar contra el decreto. El oficialismo, por su parte, negocia con bloques aliados para impedir que prospere la iniciativa.

La universidad pública, en el centro del reclamo

Uno de los principales ejes de la marcha es la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya implementación continúa en disputa entre el Gobierno y las instituciones educativas.

Los representantes del sector reclaman una actualización de los salarios docentes, las becas estudiantiles y los recursos destinados al funcionamiento de las universidades públicas.

Laura Carboni, secretaria general de AGD-UBA, advirtió sobre el deterioro de los ingresos del personal universitario y señaló que un ayudante de primera con dedicación semiexclusiva percibió en octubre un salario básico bruto de $561.659, frente a los $741.111 que, según indicó, le corresponderían con la aplicación de la ley.

En paralelo, el presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Joaquín Carvalho, sostuvo que las organizaciones ya agotaron distintas instancias de reclamo, tanto en las calles como en el ámbito institucional y judicial.

El dirigente también cuestionó el incumplimiento de las disposiciones vinculadas con el financiamiento universitario y advirtió sobre sus consecuencias para el equilibrio institucional.

El conflicto llegó a la Justicia

La disputa entre las universidades y el Gobierno sumó un nuevo capítulo luego de que la Justicia impusiera una multa diaria de $100.000 al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar relacionada con la aplicación de la ley.

Desde el Ejecutivo anticiparon que apelarán tanto la sanción económica como la resolución judicial. Mientras tanto, las universidades mantienen sus reclamos y sostienen que la actualización de los recursos resulta indispensable para garantizar el funcionamiento del sistema.

El conflicto también se refleja en distintas facultades, donde continúan las tomas, las clases públicas y las asambleas estudiantiles. Entre los establecimientos mencionados se encuentran la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y varias unidades académicas de la Universidad Nacional de Rosario.

La oposición busca avanzar contra el DNU 70/2023

La jornada también tiene un capítulo legislativo. Sectores opositores intentan reunir quórum en la Cámara de Diputados para debatir la derogación del DNU 70/2023, mientras La Libertad Avanza busca conservar el respaldo de sus aliados.

El resultado dependerá de los acuerdos parlamentarios y de la asistencia de los legisladores. Por eso, el oficialismo mantiene negociaciones para bloquear el avance opositor.

La movilización frente al Congreso reúne así distintos sectores que cuestionan las políticas nacionales, con reclamos vinculados al financiamiento universitario, la discapacidad y otras problemáticas sociales.

Con el Congreso como escenario central, la protesta vuelve a poner bajo presión al Gobierno nacional, tanto en el terreno social como en el parlamentario.