El debate por el Presupuesto Nacional 2027 abrió un nuevo frente de discusión entre el Gobierno de Javier Milei y las universidades públicas. El proyecto enviado al Congreso contempla alrededor de $7,3 billones para el sistema universitario, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sostiene que se necesitan $11 billones para garantizar el funcionamiento de las instituciones y avanzar con las obligaciones establecidas por la Ley de Financiamiento Universitario.

La diferencia entre ambas proyecciones alcanza aproximadamente los $3,7 billones, una brecha que se convirtió en uno de los principales puntos de tensión durante el tratamiento del presupuesto.

El reclamo también tiene un capítulo particular en Santa Cruz. La rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), Roxana Puebla, advirtió sobre las dificultades que podría atravesar la institución durante 2027 si no se fortalecen las partidas previstas.

Qué reclaman las universidades

El CIN presentó el 16 de septiembre ante diputados y senadores una propuesta de financiamiento que contempla unos $11 billones para las universidades nacionales.

El cálculo incluye recursos destinados al funcionamiento, salarios de docentes y no docentes, becas, investigación, equipamiento e infraestructura. Además, contempla la recomposición de partidas afectadas por el proceso inflacionario y la aplicación de la Ley 27.795, sancionada en 2025.

La norma establece mecanismos de actualización para distintos componentes del financiamiento universitario. Su implementación se encuentra en el centro de la disputa entre las instituciones educativas y el Poder Ejecutivo.

La advertencia de la UNPA

La situación preocupa especialmente a la UNPA, que cuenta con unidades académicas en Río Gallegos, Caleta Olivia, Río Turbio y Puerto San Julián.

Puebla sostuvo que, de mantenerse el actual escenario presupuestario, el sistema universitario podría enfrentar una situación crítica durante el próximo año.

“Una crisis muy profunda para poder sostener la universidad pública”, señaló la rectora al referirse a las perspectivas para 2027.

En ese contexto, la Red de Universidades Patagónicas (RUPA), que actualmente preside Puebla, convocará a diputados y senadores nacionales de las seis provincias de la región a una reunión prevista para el 23 de octubre en Comodoro Rivadavia.

El encuentro buscará analizar el proyecto de presupuesto, las necesidades específicas de las universidades patagónicas y el financiamiento de carreras estratégicas, infraestructura, investigación y equipamiento.

La intención es elaborar una declaración conjunta para trasladar esos planteos al Congreso durante el debate parlamentario.

La situación de la UNPA

La diputada nacional santacruceña Ana María Ianni señaló que el proyecto contempla para la UNPA un incremento nominal del 34% respecto de 2026.

Sin embargo, según el análisis difundido por la legisladora, los recursos previstos quedarían aproximadamente 40% por debajo de las necesidades estimadas por la institución.

Se trata de una diferencia planteada desde el análisis de la diputada y no de una evaluación independiente sobre los costos de funcionamiento de la universidad.

Un fallo judicial suma tensión al debate

La discusión presupuestaria incorporó además un nuevo elemento luego de que el juez federal Martín Cormick declarara inconstitucional, el martes 6 de octubre, una cláusula del Decreto 759/2025 que había condicionado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La resolución del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 ordenó al Poder Ejecutivo avanzar con la implementación de la norma aprobada por el Congreso.

El Gobierno nacional anticipó que apelará el fallo, por lo que la disputa judicial todavía no está cerrada.

Mientras tanto, el Presupuesto 2027 tampoco fue aprobado. El proyecto deberá atravesar el tratamiento en Diputados y el Senado, donde podrá sufrir modificaciones antes de su eventual sanción.

Para las universidades, la discusión será clave: de la definición final dependerán los recursos disponibles durante el próximo año y la posibilidad de afrontar las obligaciones de financiamiento establecidas por la legislación vigente.

En Santa Cruz, la UNPA seguirá de cerca el debate mientras las universidades patagónicas buscan unificar sus reclamos y llevarlos al Congreso antes de la definición del presupuesto.