El conflicto institucional en el Centro Chileno de Río Gallegos sumó nuevos capítulos esta semana, con dos sectores enfrentados por la conducción de la histórica asociación y nuevas acciones legales en evaluación. La disputa gira en torno a la legitimidad de las autoridades, la validez de decisiones anteriores y el procedimiento para normalizar el funcionamiento de la entidad.

La tensión volvió a quedar expuesta el lunes 19 de octubre, cuando integrantes de una comisión normalizadora intentaron ingresar a la sede ubicada sobre la avenida Presidente Néstor Kirchner para comenzar sus funciones. El procedimiento contó con presencia policial y de una escribana, pero no pudo concretarse ante la oposición de integrantes de la conducción que permanece en el edificio.

El jueves 22 se realizó una conferencia de prensa vinculada con la situación institucional, mientras las diferencias continuaron en los ámbitos administrativos, políticos y judiciales.

El origen de la disputa por las autoridades

La controversia se remonta a una asamblea celebrada el 22 de diciembre de 2022, en la que fue elegida una comisión directiva encabezada por Pedro Díaz. Tiempo después, un grupo de asociados cuestionó la validez de aquella elección y la conformación del padrón utilizado.

Los planteos derivaron en actuaciones administrativas y judiciales que mantienen enfrentadas a las partes.

En octubre de 2026, la Unidad de Registro Público y Contralor de Personas Jurídicas de Santa Cruz dispuso la conformación de una comisión normalizadora para regularizar la situación de la asociación. Sin embargo, la conducción encabezada por Díaz sostiene que existe una medida cautelar de no innovar que impediría modificar la administración de la entidad hasta que se resuelva la controversia de fondo.

La interpretación y el alcance de esa medida constituyen uno de los principales puntos de conflicto.

Qué argumenta la comisión normalizadora

La secretaria general de la Unidad de Registro Público y Contralor de Personas Jurídicas, Olga Álvarez, explicó que el objetivo de la medida es ordenar la situación administrativa y permitir que los socios elijan nuevas autoridades.

Según la postura del organismo provincial, el mandato de la conducción de Pedro Díaz venció el 22 de diciembre de 2024. Por ese motivo, consideran necesario actualizar el padrón de asociados, regularizar documentación y balances pendientes y avanzar hacia una nueva convocatoria electoral.

La comisión normalizadora está integrada por Blanca Pacheco y otros dos representantes. El plazo inicial establecido para desarrollar las tareas es de 90 días, con posibilidad de extensión.

Pacheco confirmó que el grupo intentó ingresar al edificio con una escribana y presencia policial. Según explicó en declaraciones a FM Ciudad, la intención es ordenar el funcionamiento institucional y preparar las condiciones para que los asociados definan mediante elecciones quiénes conducirán la entidad.

Desde ese sector también cuestionan las modificaciones del padrón y sostienen que la normalización permitirá recuperar la participación de los socios.

Pedro Díaz cuestiona el procedimiento y evalúa denunciar a funcionarios

Pedro Díaz, quien continúa al frente de la institución junto al vicepresidente Raúl Burgos, rechaza la intervención administrativa. Su argumento central es que el conflicto por las elecciones de 2022 permanece judicializado y que una medida cautelar impediría modificar la situación de las autoridades.

La abogada Andrea Camporro, representante legal de la conducción, también cuestionó el procedimiento. Según sostuvo, no habría existido una notificación judicial formal que habilitara el cambio de autoridades.

Este viernes 23 de octubre, Díaz volvió a referirse públicamente a la controversia en declaraciones difundidas por El Mediador. Allí cuestionó los argumentos utilizados por Personas Jurídicas y señaló una contradicción entre los planteos formulados en torno a la elección de 2022 y el vencimiento del mandato.

“En 2024 decían que estábamos mal electos y ahora dicen que el mandato nuestro está vencido”, afirmó.

Además, adelantó que evalúan presentar denuncias penales contra Olga Álvarez. Se trata de una nueva derivación del enfrentamiento, aunque sus declaraciones no representan por sí mismas una determinación judicial sobre la legalidad de las actuaciones administrativas.

El Concejo Deliberante se sumó a la controversia

La disputa también llegó al ámbito político municipal. Durante la sesión ordinaria del jueves 22 de octubre, el Concejo Deliberante de Río Gallegos aprobó por unanimidad una resolución de repudio a lo que definió como una injerencia e intervención indebida con fines políticos en la integración de la comisión directiva del Centro Chileno.

El pronunciamiento fijó la posición institucional del cuerpo legislativo, pero no reemplaza las decisiones que deben adoptar las autoridades administrativas o judiciales competentes.

Preocupación por las actividades y los feriantes

Más allá de la disputa por la conducción, la situación genera incertidumbre entre quienes utilizan las instalaciones de la asociación para actividades culturales, deportivas, sociales y comerciales.

El Centro Chileno es una institución histórica para la comunidad de Río Gallegos y funciona como espacio de encuentro para numerosos vecinos. Durante el episodio del lunes, la presencia de integrantes de ambos sectores y de personas vinculadas con las actividades del establecimiento provocó momentos de tensión.

Tras el enfrentamiento, se estableció un plazo de 72 horas para intentar alcanzar una salida mediante el diálogo y evitar nuevos episodios.

Desde Personas Jurídicas manifestaron su intención de garantizar la continuidad de las actividades habituales durante el proceso de normalización. La conducción encabezada por Díaz, en tanto, sostiene que busca preservar el funcionamiento de la asociación hasta que se resuelva la controversia judicial.

Qué puede pasar ahora

El futuro de la institución dependerá de las próximas actuaciones administrativas y judiciales. La comisión normalizadora pretende avanzar con las tareas de regularización y preparar una nueva convocatoria electoral, mientras que la conducción actual mantiene sus objeciones y evalúa nuevas presentaciones legales.

Uno de los puntos centrales será establecer el alcance de la medida cautelar invocada por Díaz y cómo se relaciona con las facultades de Personas Jurídicas para intervenir en el proceso de normalización.

Por ahora, el Centro Chileno continúa atravesado por una disputa que se extiende desde hace varios años. La resolución del conflicto será clave para definir quién conducirá la entidad y garantizar la continuidad de las actividades de una institución de referencia para la comunidad chilena de Río Gallegos.