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La discusión por la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional sumó un nuevo capítulo dentro del oficialismo. La senadora Patricia Bullrich anticipó que buscará introducir modificaciones al proyecto impulsado por el Gobierno, con especial atención en los artículos que podrían generar consecuencias económicas para empresas argentinas.

La iniciativa, que todavía no consiguió la media sanción en la Cámara de Diputados, atraviesa una etapa de negociaciones y revisiones. En ese escenario, las diferencias entre Bullrich y el asesor presidencial Santiago Caputo volvieron a quedar expuestas.

El proyecto, que lleva el sello político de Caputo, no logró reunir el quórum necesario para ser tratado en Diputados. La sesión especial convocada el miércoles pasado se cayó por la ausencia de tres legisladores: se sentaron 126 diputados, cuando se necesitaban 129.

El fracaso legislativo generó cruces dentro del oficialismo y cuestionamientos hacia Martín Menem, presidente de la Cámara baja. Caputo responsabilizó a sectores de la política por la caída de la sesión, mientras que desde el entorno de los Menem atribuyeron la ausencia de los diputados de Provincias Unidas a diferencias por el temario.

Las objeciones de Bullrich al impacto económico

Desde el entorno de la senadora señalaron que las modificaciones que pretende impulsar están relacionadas principalmente con las sanciones previstas para las empresas que participen en actividades de explotación de recursos en las Islas Malvinas.

La preocupación radica en que algunas compañías argentinas tienen accionistas o vínculos comerciales con empresas radicadas en el Reino Unido. Según la postura de ese sector, el texto podría exponer a esas firmas a sanciones y generar consecuencias sobre sus operaciones.

Las objeciones no son nuevas. A fines de octubre, el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, había expresado el interés de Washington en el proyecto y la atención que presta a los intereses de sus empresas.

Tras esas advertencias, el Gobierno ya había limitado el esquema de sanciones previsto inicialmente.

En el entorno de Bullrich sostienen que las modificaciones no responden necesariamente a una disputa interna, sino a la necesidad de revisar aspectos que consideran perjudiciales para la economía nacional.

Un proyecto que ya tuvo varias modificaciones

La iniciativa también incorporó cambios en otros puntos cuestionados durante el debate parlamentario.

La nueva versión excluye al Ministerio de Seguridad como integrante permanente del Consejo de Seguridad Nacional, aunque contempla su participación en determinadas circunstancias. La modificación representa un cambio respecto del dictamen original y responde a una de las diferencias que Caputo había planteado durante el debate en comisión.

Además, el texto acota las conductas penales vinculadas con la injerencia extranjera en procesos electorales.

Desde el PRO, en tanto, rechazaron el capítulo que contempla sanciones contra la prensa y señalaron que trabajaron para incorporar modificaciones destinadas a proteger la libertad de expresión, la actividad académica y las competencias provinciales.

Las diferencias políticas detrás de la discusión

En la Casa Rosada interpretan los movimientos de Bullrich como una nueva señal de la disputa interna con Caputo. Cerca del asesor presidencial consideran que la senadora mantiene una sintonía política con Martín Menem y su entorno, en medio de las diferencias que se profundizaron tras el fracaso de la sesión en Diputados.

Desde el sector de Bullrich, en cambio, rechazan esa lectura y aseguran que las modificaciones responden a cuestiones de fondo. Sostienen que la senadora no avalaría una ley por razones vinculadas con una interna política y que su postura apunta a evitar medidas que puedan perjudicar los intereses del país.

La discusión también se relaciona con otros cruces dentro del oficialismo, entre ellos las diferencias por la eliminación de las PASO y las negociaciones parlamentarias con los bloques aliados.

Mientras tanto, el Gobierno busca reorganizar los apoyos legislativos para volver a convocar a Diputados. El debate del Presupuesto 2027, previsto para el 25 de noviembre, aparece como otro punto central de la agenda parlamentaria.

La falta de una nueva sesión prolonga el trámite de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y reduce el margen para que el proyecto llegue al Senado antes de fin de año.

Autor: FM ESTACION DEL CARMEN