La investigación por la muerte de Gilmar Claros Ferrel en la Comisaría Séptima de Río Gallegos sumó nuevas medidas judiciales. El juez de Instrucción Penal N.º 3, Gerardo Giménez, dispuso la prohibición de salida del país para cinco exintegrantes de la Policía de Santa Cruz, mientras avanza la pesquisa sobre las responsabilidades de los efectivos que participaron del procedimiento.

La restricción alcanza a Juan Carlos Torres, Carlos Alberto Tejada, Carlos Alberto Coronel, Cris Melisa Alves y Gustavo Fabián Morada, quienes fueron apartados preventivamente de la fuerza y ya no cuentan con sus armas reglamentarias.

La resolución establece que, si alguno intenta abandonar el país o incumple la medida, podrá ordenarse su detención inmediata y posterior alojamiento en un establecimiento carcelario.

Allanamientos y peritajes de teléfonos celulares

En paralelo, efectivos de Gendarmería Nacional realizaron tres allanamientos en domicilios particulares de los exagentes. Durante los procedimientos secuestraron teléfonos celulares que serán sometidos a pericias informáticas.

Los investigadores buscan recuperar registros de llamadas, conversaciones de aplicaciones de mensajería y archivos que hayan podido ser eliminados. El objetivo es reconstruir lo sucedido durante el procedimiento policial y determinar si existieron comunicaciones o maniobras posteriores relacionadas con la muerte de Claros Ferrel.

Durante los allanamientos no se produjeron detenciones.

La autopsia confirmó que murió por estrangulamiento

El caso se originó durante la noche del viernes 16 de octubre en el barrio San Benito. La intervención policial comenzó luego de que un niño de 10 años acudiera al Gimnasio Municipal Indio Nicolai para alertar sobre una presunta situación de violencia familiar en una vivienda de la manzana 71.

Al llegar al domicilio, los primeros efectivos informaron sobre la presencia de un hombre alterado y una mujer de 36 años con lesiones visibles. Ante la supuesta resistencia del sospechoso, solicitaron refuerzos del Comando de Patrullas.

Sin embargo, posteriormente surgieron denuncias sobre el accionar policial durante la intervención. La expareja de Claros Ferrel sostuvo que los efectivos ingresaron a la vivienda sin una orden judicial y golpearon al hombre cuando ya se encontraba esposado.

La autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense determinó que el ciudadano boliviano de 35 años murió por asfixia mecánica, producto de una compresión externa del cuello por estrangulamiento.

El resultado descartó las primeras versiones que atribuían el fallecimiento a un posible problema cardíaco o a enfermedades preexistentes.

La investigación alcanza a 18 efectivos

A partir de las conclusiones forenses, la investigación amplió su alcance y ahora comprende a 18 integrantes de la Policía de Santa Cruz.

La Justicia analiza las responsabilidades de quienes participaron directamente del procedimiento y también de los integrantes de la cadena de mando y del personal que cumplía funciones en la Comisaría Séptima cuando el hombre ingresó y posteriormente se constató su muerte.

Entre las posibles conductas investigadas figuran la participación en el homicidio y el presunto encubrimiento agravado, a través de una eventual alteración de la escena o falsificación de registros en los libros de guardia.

Hasta el momento, el juez Gerardo Giménez no dispuso imputaciones formales ni órdenes de detención contra los 18 efectivos. Se espera que sean convocados a la sede judicial para avanzar con las declaraciones y esclarecer las circunstancias de la muerte de Gilmar Claros Ferrel.