El sistema financiero de Paraguay atraviesa una de sus mayores crisis tras la intervención y el cierre de operaciones de Ueno Bank, una entidad que en pocos años logró posicionarse entre los principales bancos del país. La decisión del Banco Central del Paraguay (BCP) dejó a millones de clientes sin acceso a sus cuentas y generó preocupación por el alcance de sus consecuencias sobre la economía nacional.

Ueno Bank surgió a partir de la adquisición de Financiera El Comercio por parte del Grupo Vázquez en 2021. Inicialmente, desarrolló un modelo de servicios financieros digitales mediante una aplicación móvil, con cuentas de bajo costo y operaciones simplificadas. Luego de obtener la autorización bancaria correspondiente, comenzó a funcionar como banco en diciembre de 2023.

Su crecimiento se aceleró en junio de 2024, cuando incorporó a Visión Banco, ampliando su cartera de servicios y su presencia dentro del mercado financiero paraguayo. De acuerdo con los datos difundidos, alcanzó aproximadamente 2,9 millones de clientes, equivalentes al 60% de la población adulta del país. Además, concentraba el 8,9% de los depósitos y el 5,9% de los créditos del sistema bancario.

La expansión de la entidad también estuvo acompañada por una fuerte estrategia comercial y deportiva. Ueno se convirtió en patrocinador de la Asociación Paraguaya de Fútbol y del Comité Olímpico paraguayo, además de vincular su marca con los principales clubes de fútbol del país.

Sin embargo, la situación cambió tras una investigación del Banco Central que detectó presuntas irregularidades en préstamos concedidos a empresas relacionadas con el Grupo Vázquez, propietario de la entidad. Según el organismo regulador, estas operaciones habrían generado incumplimientos y un deterioro en los indicadores financieros del banco.

A partir de esos resultados, el BCP dispuso el congelamiento de activos y pasivos, asumió el control administrativo y suspendió los servicios bancarios, incluidas las operaciones mediante la aplicación móvil y las tarjetas. La medida se tomó luego de que el índice de solvencia de la institución descendiera por debajo de los niveles mínimos establecidos por la normativa.

Entre los sectores afectados se encuentran los ahorristas particulares, empresas, organismos estatales y cajas de jubilaciones. La entidad administraba alrededor de 850 millones de dólares pertenecientes a instituciones públicas, entre ellas el Instituto de Previsión Social (IPS) y el Ministerio de Economía. También quedaron comprometidos los Certificados de Depósito de Ahorro, instrumentos utilizados para inversiones a plazo fijo.

Investigación judicial y repercusiones políticas

La crisis también derivó en una investigación penal. El Ministerio Público paraguayo imputó a ocho directivos de Ueno Bank y a otras 19 personas vinculadas con empresas bajo investigación. Entre los cargos mencionados figuran conducta indebida en situación de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y presuntas infracciones a las normas comerciales.

Uno de los puntos centrales de la investigación está relacionado con una operación de junio de 2026, mediante la cual se habría transferido una cartera de créditos por 74,4 millones de dólares a Vinanzas SA, una firma vinculada al grupo empresario. Según las sospechas de los investigadores, la empresa no habría contado con fondos propios suficientes para afrontar la operación y podría haber recibido financiamiento indirecto de la propia entidad bancaria.

El caso también alcanzó al ámbito político debido a los vínculos previos entre las autoridades del Gobierno y la institución financiera. El presidente paraguayo, Santiago Peña, fue accionista de Ueno Bank hasta marzo de 2025. Por su parte, Carlos Carvallo, quien estaba al frente del Banco Central durante la intervención, había presidido anteriormente la entidad bancaria.

Tras conocerse la crisis, Peña solicitó la renuncia de Carvallo y designó a Raúl Vera Bogado como nuevo titular del organismo regulador. La oposición, por su parte, impulsó cuestionamientos políticos contra el mandatario y planteó la posibilidad de avanzar con un juicio político.

Un mecanismo para recuperar parte de los depósitos

Frente a los reclamos de los clientes, el Congreso paraguayo aprobó una ley destinada a facilitar la devolución de una parte de los ahorros que permanecen inmovilizados. La normativa fue promulgada por el Poder Ejecutivo y habilita un anticipo del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

El mecanismo establece que cada depositante podrá acceder a un monto de hasta 40 salarios mínimos mensuales, equivalente a 121,7 millones de guaraníes o aproximadamente 19.787 dólares. El Banco Central deberá instrumentar los pagos dentro de un plazo de 24 horas y con un límite máximo de cinco días hábiles desde la entrada en vigencia de la norma.

En paralelo, la Asociación de Bancos del Paraguay aseguró que el resto de las entidades financieras continúa operando con normalidad y que trabaja para atender a los usuarios que buscan trasladar sus operaciones.

La intervención de Ueno Bank abrió un escenario de incertidumbre para miles de familias, empresas e instituciones públicas. Mientras avanzan las investigaciones judiciales y las medidas para recuperar los depósitos, las consecuencias del caso continúan extendiéndose al ámbito económico y político de Paraguay.