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La Justicia española abrió una investigación contra el cantante Julio Iglesias tras admitir a trámite la querella presentada por dos extrabajadoras que lo denunciaron por presuntas agresiones sexuales y físicas ocurridas en sus residencias del Caribe.

La decisión fue adoptada este miércoles 18 de noviembre por el magistrado Antonio Piña Alonso, titular del juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional. La resolución habilita la investigación por posibles delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante.

Sin embargo, el juez rechazó avanzar por las acusaciones de trata de seres humanos y delitos contra los derechos de los trabajadores. La admisión de la querella tampoco implica que se hayan comprobado los hechos denunciados ni establece responsabilidad penal del artista.

Los hechos denunciados y el alcance de la investigación

Las denuncias hacen referencia a episodios que habrían ocurrido durante 2021 en propiedades que Iglesias posee en República Dominicana y Bahamas.

Las dos mujeres, con el respaldo de la organización Women’s Link Worldwide, habían acudido inicialmente a la Fiscalía de la Audiencia Nacional. En enero de 2026, ese organismo archivó las actuaciones preliminares al considerar que los tribunales españoles no tenían jurisdicción para investigar hechos ocurridos en el extranjero.

Posteriormente, las denunciantes presentaron una querella directamente ante los juzgados, el 3 de septiembre. En octubre, la Fiscalía modificó su postura y sostuvo que existían fundamentos legales para que la Justicia española interviniera, teniendo en cuenta la nacionalidad del cantante.

Por qué el juez descartó algunos delitos

En su resolución, el magistrado señaló dificultades para investigar hechos ocurridos fuera de España, debido a que gran parte de las pruebas y de las personas involucradas se encuentran en Bahamas y República Dominicana.

También cuestionó que dos responsables de las residencias, identificadas en la denuncia como M. y Z., fueran señaladas por las denunciantes sin que se hubiera dirigido una acción penal contra ellas.

En relación con la acusación de trata de personas, el juez consideró que los elementos aportados no alcanzaban para acreditar indicios de captación o traslado con fines de explotación laboral. Entre otros aspectos, mencionó las condiciones de contratación, el salario ofrecido y que no constaba la retención de documentación personal.

Además, descartó investigar delitos contra los derechos de los trabajadores al considerar que las legislaciones de los países donde habrían ocurrido los hechos no contemplan figuras penales equivalentes a las previstas en España.

Las denunciantes deberán ratificar la querella en febrero

Otro de los puntos analizados fueron los mensajes intercambiados por una de las mujeres con una encargada de la residencia después de abandonar su empleo. El contacto se mantuvo durante años y contenía consultas sobre el estado de salud del cantante.

El magistrado consideró que esas conversaciones deberán analizarse en su totalidad y aclararse durante la investigación, aunque advirtió que no permiten descartar por sí mismas la existencia de las agresiones denunciadas.

Las dos mujeres deberán comparecer personalmente el 3 de febrero de 2027 para ratificar la querella. El juez no les otorgó formalmente la condición de testigos protegidos, aunque dispuso medidas para resguardar su identidad: sus domicilios y datos personales permanecerán reservados y las declaraciones se registrarán únicamente en audio.

Por el momento, tampoco se ordenó una restricción de acercamiento contra Iglesias, debido a que el magistrado no encontró elementos suficientes para establecer un riesgo actual para las denunciantes.

La investigación continuará para determinar qué ocurrió, establecer las posibles responsabilidades y definir la calificación jurídica de los hechos denunciados.

Autor: FM ESTACION DEL CARMEN