La apertura de una nueva conexión marítima entre Punta Arenas, Chile, y las Islas Malvinas encendió una discusión diplomática entre Argentina y el país vecino. El eje del conflicto es el próximo viaje del buque privado Danstar, que podría trasladar mercadería hacia el archipiélago durante la segunda o tercera semana de diciembre.

La embarcación pertenece a la naviera chilena Easter Island Logistics y, según explicó su gerente general, Pablo Pacheco, el objetivo comercial es transportar alimentos, productos perecederos y materiales de construcción destinados a la población de las islas.

Sin embargo, desde Argentina existe preocupación por la posibilidad de que esta conexión también termine funcionando como un corredor logístico para las empresas petroleras que operan en la zona, particularmente aquellas vinculadas al proyecto Sea Lion.

El movimiento se produce en un momento especialmente sensible para la política exterior argentina. Esta semana, el Gobierno nacional presentó sus argumentos ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en Hamburgo, para intentar frenar las actividades de exploración y futura explotación de hidrocarburos en aguas cercanas a Malvinas. La decisión sobre las medidas provisionales solicitadas por Argentina está prevista para el 28 de noviembre.

La postura de Argentina y la respuesta de Chile

El canciller argentino, Pablo Quirno, sostuvo que los buques que se dirijan a Malvinas deben cumplir con un procedimiento de autorización y notificación cuando atraviesen aguas bajo jurisdicción nacional. Además, señaló que existe un compromiso conversado con el Gobierno chileno para evitar que la navegación contribuya a la explotación de recursos naturales en las islas.

Desde el Gobierno argentino esperan que la empresa naviera solicite la autorización correspondiente y que Chile garantice que el traslado no tendrá una finalidad vinculada con la actividad hidrocarburífera.

La respuesta del canciller chileno, Francisco Pérez-Mackenna, fue diferente. Consultado sobre la necesidad de solicitar permiso para navegar, afirmó: "Los países no piden permiso".

Chile fundamenta su posición en los tratados de Límites de 1881 y de Paz y Amistad de 1984, además de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que contempla garantías vinculadas con la navegación.

Chile defiende la actividad comercial

El diputado republicano Alejandro Riquelme, integrante de la coalición de Gobierno del presidente José Antonio Kast, respaldó la apertura de la ruta y consideró que se trata de una actividad comercial entre privados.

El legislador sostuvo que abastecer a la población de Malvinas es una actividad lícita y que un eventual suministro a empresas petroleras tampoco sería ilegal por sí mismo, siempre que respete las normas aplicables.

También señaló que la iniciativa podría representar una oportunidad económica para la región de Magallanes, con beneficios para proveedores, pequeñas y medianas empresas y generación de empleo. Las estimaciones mencionadas en Chile ubican el potencial comercial de la ruta en unos 20 millones de dólares anuales.

Riquelme, además, aseguró que la posición histórica de Chile de respaldar el reclamo argentino de soberanía sobre las islas no cambia por una operación comercial.

Proyectos y reclamos en el Congreso argentino

La discusión también llegó al ámbito legislativo. La diputada de Unión por la Patria Agustina Propato presentó un proyecto para considerar como no inocente el tránsito de buques que se dirijan a Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, o que transporten cargas relacionadas con actividades logísticas, militares, petroleras o pesqueras en esos territorios.

La iniciativa contempla facultades para que la Prefectura Naval Argentina o la Armada puedan ordenar la detención, el cambio de rumbo o el abandono de aguas bajo jurisdicción nacional. El buque Danstar aparece mencionado entre los antecedentes del proyecto.

Por otra parte, el diputado Guillermo Michel presentó una propuesta para que el Poder Ejecutivo denuncie dos acuerdos bilaterales con Chile vinculados con inversiones y beneficios fiscales. El objetivo es retirar determinadas ventajas económicas a empresas chilenas que operen en Argentina si el país vecino permite actividades comerciales consideradas ilegales en Malvinas.

A su vez, el excanciller Santiago Cafiero y otros legisladores solicitaron convocar al embajador chileno en Buenos Aires, Gonzalo Uriarte Herrera, ante la Comisión de Relaciones Exteriores para que brinde explicaciones sobre la nueva ruta.

Tierra del Fuego también prepara medidas

Desde Tierra del Fuego, el secretario de Malvinas e Islas del Atlántico Sur, Andrés Dachary, anunció la elaboración de una ley provincial que establecería multas y restricciones para las empresas navieras que comercien con las islas sin autorización fueguina.

La propuesta no tendría como objetivo detener el primer viaje del Danstar, sino establecer un marco legal para futuras operaciones.

Mientras tanto, desde Chile cuestionaron las iniciativas parlamentarias argentinas y defendieron la libertad de comercio y navegación amparada en los acuerdos internacionales vigentes.

Con el viaje del Danstar previsto para diciembre y la resolución del Tribunal Internacional del Derecho del Mar próxima a conocerse, la conexión entre Punta Arenas y Malvinas se convirtió en un nuevo foco de tensión diplomática, en medio de la histórica disputa por la soberanía argentina sobre las islas y el rechazo nacional a la explotación unilateral de sus recursos naturales.